Aprobada la modificación de crédito para externalizar dos ‘escoletes'

Aunque no asistieron vecinos ni miembros del comité de empresa, el pleno fue bastante tenso debido al rifirrafe entre gobierno y oposición. Así, el portavoz municipal, Julio Martínez, reprochó a la oposición que votase en contra de una propuesta que permite ahorrar 400.000 euros a los ciudadanos, sin hacer recortes. Martínez recriminó a la ex alcaldesa Aina Calvo que la pasada legislatura dejaron sin presupuestar dos escoletes y la acusó de poner en riesgo su apertura. Calvo respondió que no pudieron dotarlas de presupuesto porque gobernaban en minoría; Martínez le contestó que podrían haberles pedido ayuda como hicieron para poder pagar las subvenciones nominativas y no lo hicieron. El portavoz municipal destacó que lo primero que tuvieron que hacer cuando asumieron el gobierno fue una modificación de crédito para que las guarderías del Molinar y Son Espanyolet pudiesen abrir. «Nos encontramos el mayor déficit de la historia del Ajuntament y priorizamos las escoletes», reiteró Martínez, que subrayó que el año pasado incrementaron un 33% el presupuesto.

Martínez también le pidió a la portavoz socialista que hablase con propiedad porque no se privatizan guarderías, sino que se externalizan al igual que se hizo la pasada legislatura. Los partidos de la oposición argumentaron que la pasada legislatura las externalizaciones no suponían la destrucción de puestos de trabajo y aseguraron que ahora 37 personas perderán su empleo. La regidora d'Educació, Aina Ferriol, reiteró que no habrá despidos sino contratos que finalizan; Martínez añadió que la empresa a la que el lunes se le adjudicará la gestión de las guarderías también necesitará personal. Además, hizo especial hincapié en que se ha creado un bolsín para contratar a los maestros y evitar que se elijan a dedo.

El regidor del PSM-IV-ExM, Antoni Noguera, acusó de «improvisación, mala gestión y falta de proyecto» al gobierno municipal y aseguró que el proceso ha sido «una auténtica chapuza». Noguera argumentó que «no es un concurso de mantenimiento de edificios».

Por su parte, el socialista Andreu Alcover insistió en que la adjudicación se puede impugnar porque se firmó un documento diciendo que había presupuesto cuando no era así. Ferriol aseguró que todo el proceso cuenta con informes de los servicios jurídicos.