Desde la Acuib y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) solicitan a los alcaldes de los municipios de Baleares que acuerden «no autorizar el envío de la fuerza pública» a los desahucios por ejecuciones hipotecarias hasta que se modifique la ley.
En un comunicado, también piden a los funcionarios adscritos a los servicios de notificaciones y embargos que «aleguen la objeción de conciencia para negarse a llevar a cabo los desahucios».
Así, han criticado que los compromisos de la Asociación Española de Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) de suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables tendrán «la misma efectividad que el Decreto del ministro Luis De Guindos, cuya absoluta inutilidad es un hecho incontestable» y han asegurado que «en el mejor de los casos no servirá más que para algunos casos excepcionales».
Según la Acuib, ni la AEB ni la CECA determinan «cuáles serán las circunstancias de extrema necesidad que deberán concurrir» o «cuáles serán los colectivos que se consideran especialmente vulnerables» ni «si los criterios serán los mismos para todas las entidades ni tampoco si podrán ser exigidos ante los tribunales».
En este sentido, los comunicados de la AEB y de la CECA dejan «sin resolver otra de las cuestiones importantes» como «qué pasará» con las deudas que tengan en esos casos «de extrema necesidad» o colectivos vulnerables, reprochan desde la Acuib.
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Es d'allò més evident qu no s'hauria de deixar la decisió, de desnonar o no, només als banquers, alhora jutge i part, sinò a una comissió paritaria, amb representants de l'Estat i de la societat civil.