El juez instructor del caso Nóos, José Castro, en los juzgados de Palma . | MONTSERRAT T DIEZ - EFE - EFE

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El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, decidirá a partir del 15 de enero sobre la solicitud de fianza civil de 8.189.448 euros para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres planteada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 21 de noviembre.

Castro había dado veinte días a los abogados de Urdangarin y Torres para que pudieran presentar alegaciones a la petición de fianza, un plazo que ahora ha decidido prolongar mediante una providencia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.

El juez Castro ha ampliado hasta el 14 de enero de 2013 el plazo de presentación de alegaciones, accediendo a la petición de la representación procesal de Diego Torres, de manera que las defensas del exsocio de Urdangarin y del propio duque de Palma podrán presentar sus escritos hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, el 15 de enero.

Una vez presentadas las alegaciones, el juez decidirá si acuerda la medida cautelar y en qué cuantía.

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En la resolución, el magistrado da cuenta además de la presentación del escrito de la abogacía de la Comunidad Autónoma solicitando medidas cautelares de naturaleza civil, que se suma a los ya presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por la acusación particular de Manos Limpias.

En el escrito en el que reclamó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al duque de Palma y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, «una actividad delictiva premeditada» dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por «la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos», más un tercio de sanción, lo cual asciende a los 8.189.448 euros que pide para ellos como fianza civil.

De forma subsidiaria, la Fiscalía reclamó otra fianza de 5.905.079,29 euros, en el caso de que el juez no considere oportuna la primera petición, que serían los fondos públicos objeto de apropiación.

La acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias también registró una solicitud de fianza por idénticas cuantías el mismo día que el fiscal.