Los integrantes del Govern y del PP, ayer, en el pleno.

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El Govern está buscando el modo de retirar al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, la medalla de oro de la Comunitat Autònoma que se le concedió en 1998. La fórmula elegida es la modificación del decreto de concesión de las más altas distinciones autonómicas. Hay un problema: que el decreto de concesión alude a 'los Duques de Palma' y no solamente al marido de la Infanta, ahora imputado en el 'caso Nóos'.

Fina Santiago, diputada de Més (oficialmente, su grupo aún es PSM-Iniciativaverds-Entesa) preguntó ayer al conseller de Presdiéncia, Antoni Gómez, qué pensaba hacer el Ejecutivo para que «el señor Urdangarin deje de pasear el nombre de nuestra capital por los juzgados y vincular a Balears con la corrupción». La diputada recordó que Cort había quitado el añadido «de los duques de Palma» a La Rambla.

Después de que Gómez respondiera que «haremos lo posible para respetar el bien nombre», Santiago le pidió que concretará. Le preguntó si le iban a retirar la medalla de oro y le instó a ponerse en contacto con la Casa Real para que Urdangarin no pernoctara en Marivent cuando vega a declarar como imputado.

Ayudas finalistas

El conseller dejó sin respuesta esta petición pero sí avanzó que se estaba preparando una modificación en el decreto que regula la concesión de medallas. Aunque afirmó que no se trataba de una decisión pensada únicamente para este caso, luego admitió en los pasillos que se esta reforma sí daría pie a ocuparse después de la que se concedió a los duques de Palma en 1998.

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Gómez, sin embargo, tenía más interés de airear otro asunto con los medios de comunicación. Concretamente del destino partidas finalistas correspondientes a un plan llamado 'Avanza' y que el Govern del Pacte habría utilizado para pagar gasto corriente. El diputado Fidalgo (PP) le había preguntado por este asunto en el turno de preguntas al Govern. «Veo que está muy bien informado», le dijo el conseller que, presumiblemente, le había pasado antes el contenido de la pregunta que debía formular.

Según Gómez, el Govern tendría que devolver 5,8 millones de euros del Plan Avanza que el anterior gobierno del pacto no justificó debidamente.

Gómez explicó que el anterior Govern recibió fondos finalistas destinados a la empresa Multimedia por valor de 11 millones y que no estaban justificados.

La Cámara rechazó una propuesta de los partidos que forman la coalición Més para crear un Consell Asesor de Municipios.

Durante la sesión, el vicepresidente Aguiló negó que la reforma laboral, que acaba de cumplir un año, haya tenido efectos perniciosos, como mantuvo la socialista Joana Barceló e indicó que las medidas que se están tomando dan confianza al sector empresarial de las Islas.