José Manuel Romero, conde de Fontao, ayer al llegar a los juzgados de Plaza de Castilla. | Angel D

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El asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, se responsabiliza de la orden a Urdangarin para que éste abandonara el Instituto Nóos en 2006. El testigo declaró ayer por la tarde en Madrid ante el juez José Castro que fue iniciativa suya hablar con el duque de Palma después de que le llegaran los rumores que apuntaban a las actividades privadas de éste. Tras esta conversación se produjo una orden de parte del jefe de la Casa del Rey -en aquel momento Alberto Aza- para que Urdangarin abandonara toda actividad mercantil.

Se trataba de que no «enseñara la tarjeta» para garantizar su fiabilidad a la hora de conseguir contratos tanto públicos como privados. Fontao además desvinculó completamente a la institución de la gestión en las sucesivas fundaciones. De hecho, llego a indicar que la Casa del Rey desconocía que la infanta y el también asesor Carlos García Revenga participaran en el Instituto Nóos.

A preguntas más concretas sobre algunos de los contratos de la entidad, aseguró -según fuentes de la causa- que no apreció ningún tipo de comportamiento ilegal en los contratos firmados con el Govern Matas que dieron lugar a la celebración del Illes Balears Forum.

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El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se desvinculó del proceso de toma de decisiones que llevaron a los contratos de Nóos con la Generalitat Valenciana: «Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos, pero también es verdad que mi firma está por un acuerdo previo y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos».

«Porque yo firmara, el Instituto Nóos no recibió ni un sólo euro de dinero público, porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más», ha añadido. Pons dijo, además, que Urdangarin llegó a proponer la construcción de un puerto deportivo en la Albufera de Valencia, un espacio protegido por tratarse de un parque natural. La Administración valenciana rechazó esta propuesta.

Por otra parte, el presunto testaferro de Iñaki Urdangarín José María Treviño, exculpó al Duque de Palma de los numerosos negocios que habría emprendido con la empresa Inversiones Financieras Aguas de Valencia (AGVAL), quien le habría abonado 375.000 euros en relación con diversos negocios, entre ellos un trasvase entre el Mar Rojo y el Mar Muerto que nunca llegó a realizarse.

Durante la mañana de ayer martes testificaron también el empresario Domingo Díaz de Mera y el asesor fiscal de Treviño Francisco Javier Jiménez Andrade, quienes apenas permanecieron unos minutos ante el juez.