Instalaciones de la empresa Tirme en Palma, en las que se incineran los residuos sólidos urbanos. | Carles Domènec

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Las dudas del alcalde Mateo Isern sobre la idoneidad del contrato que tiene en vigor el Consell de Mallorca con la empresa Tirme -y que obliga a los municipios y a sus residentes para la quema de basuras- se expresa para las arcas de Cort en una factura mensual de 2 millones. De hecho a día de hoy, cuando el Ajuntament de Palma tiene ya compensadas las facturas a pequeños y medianos provedores hasta octubre pasado, debe aún 20 millones de euros a la entidad que gestiona el parque de tecnologías ambientales de la Isla.

Prácticamente dos de cada tres euros de deuda viva de la municipalidad de Palma -20 de 38 millones en distintos conceptos- están contabilizados como facturas de Tirme.

El concejal de Economía, Julio Martínez, señala al respecto que «13 millones están pendientes de un acuerdo por el que la empresa podría ampliar sus actuales instalaciones mediante suelo público y de gestiones de compensación en las que debe intervenir el Consell», lo que significa que 7 millones serían según esa contabilidad simplemente facturas sin abonar.

Capitalidad

Ese estado de cuentas pendientes se conoció ayer cuando Martínez dio cuenta de la decisión de la junta de gobierno de Cort de reclamar al Govern 4,5 millones de euros «adicionales» a los 124.000 que el Ejecutivo balear ha aprobado como «parte de los convenios de colaboración» con ayuntamientos de la Isla.

Según Martínez, la deuda actual de Cort como institución y de empresas públicas a las que participa al 100 % se estima en 38 millones de euros, una cantidad que no contempla apenas diferidos en facturas de tanta envergadura como la mensual de electricidad, que gira en el entorno del millón de euros.

En la idea de disminución de esos requerimientos de pago que tiene pendientes Cort, Julio Martínez señala «que los técnicos del Ajuntament están estudiando por lo que se refiere al Govern las compensaciones aún pendientes por la Ley de Capitalidad de Palma», aunque reconoció a ese respecto que son de difícil evaluación porque nunca incluyeron un convenio específico de financiación.