Una sentencia da la razón a un grupo de pequeños accionistas de la Policlínica.

TW
3

Alrededor de 400 pequeños accionistas de la Policlínica Miramar podrán recuperar sus títulos perdidos tras una 'operación acordeón' aprobada por una junta general de accionistas celebrada en 2008, y que redujo a cero el capital social, según establece una sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia de Palma. Contra ese fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Esta es la segunda resolución que da la razón a los pequeños accionistas, que hasta 2008 detentaban, aproximadamente, el 8 por ciento del capital social de la Policlínica. Una juez de primera instancia de Palma también había fallado a favor del grupo que lidera el doctor Pau Ramis, antiguo propietario del centro asistencial junto al doctor Miquel Dalmau, ya fallecido.

Desde 2008, la propiedad de la Policlínica ha cambiado en cuatro ocasiones. Primero, la adquirió el empresario Francisco Miralles a Ramis y Dalmau, con el voto en contra del primero. En 2010 fue vendida al Grupo Recoletas y después una sociedad inversora austríaca se hizo con la propiedad. Actualmente, el accionista mayoritario es el doctor Juan Algersuari, de la clínica Juaneda. El actual propietario debe decidir la estrategia a seguir tras la sentencia que da la razón a los pequeños accionistas, aunque el doctor Ramis confirmó a este diario que, según sus informaciones, los derechos del grupo» serán respetados». Es probable que el accionista mayoritario convoque una junta general con el objetivo de plantear una ampliación de capital que restituya los derechos de los pequeños accionistas, impulsores de la fundación de la la Policlínica en 1963. «Es una sentencia 'moral' ante una situación injusta, que se hizo mal. Esos pequeños accionistas se sumaron a un proyecto único y extraordinario en la década de los sesenta, como fue la fundación de la Policlínica; esta sentencia es un reconocimiento para todos ellos», dijo el doctor Ramis, representado en el pleito por el letrado Julián Carnicero. El resto de accionistas fue defendidos por Mateu Florit y Antonia Autonell.

Capital social

Según la sentencia de 50 folios dictada por la Audiencia, que coincide con la resolución de la juez, la junta general de 2008 que aprobó la reducción a cero del capital social lo hizo sin haber dado el visto bueno las cuentas de los ejercicios 2005 y 2006, y además «se partía de cifras diferentes».

Añade que a finales de 2007 la sociedad tenía un saldo de clientes y deudores por importe de 20,5 millones y una provision contable de 8 millones., «lo que supone que un 39% de los saldos deudores son de difícil cobro o incobrables».

El tribunal impone las costas al recurrente, la Agrupación Médica Balear (Ameba), defendida en el pleito por el abogado Juan Buades.