PALMA. ENSEÑANZA. ARRANCAN EN PALMA LAS PRIMERAS PRUEBAS DE EVALUACION PISA DE ALUMNOS.

Imagen de archivo de alumnos en un centro educativo de las Islas. | Pere Bota

Mónica GonzálezPalma30/05/13 0:00
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El decreto de Tratamiento Integral de Lenguas, más conocido como TIL o decreto de trilingüismo, es «un desastre pedagógico, un disparate colosal», según reconoció ayer a este diario uno de los integrantes del cuerpo de inspectores de la Conselleria d'Educació, a quienes les corresponde la labor de determinar si los nuevos proyectos lingüísticos que están elaborando los centros se ajustan al decreto y a las instrucciones que, con posterioridad, ha aprobado el departamento que ahora dirige Joana Maria Camps.

Este inspector, que por razones obvias no se identifica, asegura hablar en nombre de la mayoría de sus compañeros (aunque no de todos), un cuerpo que, admitió, arrastra su malestar («éste sí es unánime») desde que el año pasado la Conselleria lo redujo a la mitad -de 28 o 29 se quedó en 15 personas-, tras cesar a algunos de los que se opusieron a retirar los lazos de los centros. Ahora mismo, a cada inspector le corresponden entre 50 y 60 centros.

Tarea en exclusiva

Lamentó que la actual administración es la que menos les ha tenido en cuenta como técnicos profesionales, «no nos escucha, sólo nos utiliza como un cuerpo represivo».

Ante la tormenta provocada por el decreto de lenguas, los inspectores han sido colocados en el ojo del huracán: el pasado lunes se les dieron a conocer las nuevas instrucciones del TIL, que a decir de los centros contradicen el propio decreto al suprimir la libertad que concedía el artículo 20 para aprobar un modelo lingüístico de mínimos, alternativo al que propone el TIL, siempre que fuera justificado. Los inspectores exigieron ese día que esas instrucciones se dieran a conocer y ayer mismo recibieron una orden muy clara: dejar todo lo que están haciendo para dedicarse casi en exclusiva a informar a los centros del contenido de las instrucciones. Éstas, consideró la fuente, se han aprobado una vez que la Conselleria se ha dado cuenta de que los proyectos que iban llegado no les gustaban, ya que todos se acogían al famoso artículo 20, por lo que han realizado una interpretación «dudosa» del mismo.

La fecha límite para la presentación de los proyectos es el 20 de junio y a partir de entonces los inspectores -«a menos que la Conselleria decida que no nos encargamos nosotros del trabajo»- deberán valorarlos, pero en su mayoría se ceñirán al aspecto legal. «Tenemos que cumplir con nuestro deber, pero los valoraremos desde el punto de vista legal, su adecuación al decreto y a las instrucciones», sin entrar en el aspecto pedagógico, pues en su opinión, «no vale la pena, este decreto es un desastre pedagógico, un disparate colosal».