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El Ajuntament de Palma y Cajamar-Caja Rural escenificaron ayer un acuerdo de intermediación por el que los inquilinos de 16 viviendas y 4 locales comerciales de un edificio situado en la barriada de Son Gotleu no se verán afectados por un desahucio al que venían obligados por la quiebra del promotor del edificio.

La intermediación del Ajuntament de Palma, llevada a cabo por los concejales de Urbanismo y de Bienestar Social, Jesús Valls y Aina Ferriol, ha supuesto que la entidad bancaria suspenda el lanzamiento previsto para mañana, y se comprometa con la municipalidad a estudiar caso por caso la situación de los inquilinos, cuyo acuerdo con el promotor -que no pudo satisfacer su crédito para la edificación- era en general de un contrato de alquiler con derecho a compra.

Prioridad social

Jaume Julià, director territorial de Cajamar, explicó que «esta paralización no es algo extraordinario sino una de las prioridades de nuestra entidad, que en los últimos tres años no ha promovido ningún lanzamiento de sus viviendas por ejecución hipotecaria de personas que habían perdido sus ingresos».

Para Julià, «el origen de esta situación es el impago de un préstamo concedido a la sociedad promotora del edificio, que hace meses está envuelta en un concurso de acreedores, y en la que lógicamente debíamos participar como interesados, pero en ningún caso para perjudicar a los terceros derivados de esa quiebra».

Los concejales Valls y Ferriol explicaron que la intermediación de Cort empezará por identidicar ante los inquilinos a la entidad de crédito que se queda con la propiedad de sus inmuebles, «y a partir de ahí para encontrar una solución personalizada y adecuada a las circunstancias, que puede pasar por la tramitación de una hipoteca con Cajamar para adquirir la vivienda, o una de nuestras posibilidades de alquiler social».

Se da la circunstancia de que estas viviendas no disponen de la cédula de habitabilidad municipal correspondiente al fin de obra, y en algún caso ni siquiera tienen instalación oficial de agua corriente, por lo que el condejal Valls señaló que se pondrá en contacto con Emaya «para subsanar toda posible carencia a ese respecto».