En la exposición de su informe final en el juicio, Carrau ha afirmado que hay prueba suficiente para declarar que es responsable o ha intervenido en los hechos, con una incriminación directa por parte de otro imputado, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, que está corroborada por documentos, testigos, coacusados y «parcialmente por la propia acusada».
De todas las penas que solicita, la más alta es para Munar, en esta causa en la que se juzga una supuesta trama para amañar la venta de Can Domenge a beneficio de la unión de empresas Sacresa-Ferratur en 2006 que Carrau ha calificado de «auténtico pelotazo».
Además están acusados el exvicepresidente Miquel Nadal, los exconsellers Vicens y Miquel Àngel Flaquer, el dueño de Sacresa, Román Sanahúja, y el abogado de la promotora Santiago Fiol, y el fiscal ha detallado uno por uno la responsabilidad que les atribuye.
«La señora Munar está desde el principio y hasta el final del procedimiento», ha asegurado el fiscal que ha recordado que todo comenzó con una reunión entre ella y el expresidente del Govern Jaume Matas para tratar la cesión de un terreno del Consell para construir el velódromo Palma Arena.
Munar asumió «personalmente la situación», ha dicho Carrau, que ha recordado que la expresidenta delegó en el exvicepresidente Miquel Nadal y posteriormente en Vicens y Flaquer para que continuaran la tramitación.
Según el fiscal, este control, disposición y coordinación se debe «a que está al tanto de lo que está sucediendo, la señora Munar es la competente, es la que decide quién ejecuta las cosas».
«La señora Munar no está ajena a nada de lo que sucede», ha recalcado Carrau, que también le achaca, partiendo de las declaraciones de otros coimputados, la idea de fijar un precio «topado» máximo de 30 millones para la venta del solar.
Sobre el hecho de que Nadal dijera ante el tribunal que fue él quien amañó el concurso y dio información privilegiada a Sacresa sin que la presidenta se enterase, Carrau piensa «que esta parte de su declaración es inveraz y falaz».
Sobre Nadal, el fiscal ha destacado que aunque «reconoce una intervención algo extraña» en los hechos, Fiol le incriminó directamente, al igual que los testigos de Sacresa que explicaron que fue quien les facilitó los pliegos de condiciones.
El fiscal pide 4 años de cárcel para él y considera que la confesión no debe ser considerada atenuante porque «no ha dado un solo dato útil o eficaz a la investigación».
Sobre Vicens, para quien la Fiscalía reclama 8 meses de cárcel, ha recordado que ha confesado, ha reconocido su participación en los hechos y se ha conformado con las penas solicitadas, y además hay documentos administrativos que prueban su participación.
La Fiscalía opina que el también exconseller Flaquer, para quien pide un año de prisión, está incriminado directamente, tal como declaró Vicens y porque la dinámica de los hechos así lo corrobora. Ha recalcado que considera que «ha tenido control y dominio de lo que se ha tramitado» en este proceso.
Acerca de la participación de Fiol en los hechos, la Fiscalía considera que hay «pruebas sobradas» y que además reconoció haber dado información de Sacresa a Nadal para que el precio del concurso fuera tasado y entregó los pliegos de condiciones a la empresa antes de que se publicaran, algo que las declaraciones de los testigos y el cobro de los honorarios apuntalan.
El fiscal solo se ha referido al empresario Román Sanahúja, a quien el tribunal ha autorizado hoy a ausentarse del juicio, para decir que ha admitido su participación, colaborado y aceptado las penas solicitadas: 1 año de prisión o bien 180.000 euros de multa.
La Fiscalía Anticorrupción considera a los acusados responsables de un delito continuado de prevaricación, fraude a la administración y de revelación de secretos por facilitar información privilegiada a Sacresa antes de que se publicara el concurso, agravado porque ha causado un grave perjuicio a otros licitantes.
En relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía está de acuerdo con la petición del Consell de Mallorca de reclamar a quienes sean condenados una indemnización de 15 millones de euros, que es la diferencia entre el valor en el que se ha tasado Can Domenge (45 millones) y lo que la institución percibió por la venta (30 millones).
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