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El Consell de Mallorca y los principales ayuntamientos de la Isla, especialmente el de Palma, tendrán menos cargos políticos 'a dedo' con la llamada 'ley Montoro. El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece que todos los altos cargos de estas instituciones, como coordinadores generales y directores insulares y municipales deberán ser funcionarios.

La ley fija además limitaciones en el número de altos cargos que podrán cobrar dedicación exclusiva. En el caso del Consell, sólo podrá haber 25 sueldos públicos; en Cort la cifra se rebaja a 20 y en Calvià no podrá haber más de 15.

Sueldos

La ley regula el sueldo máximo que podrán cobrar los alcaldes. El de Palma podrá cobrar un máximo de 90.000, que es el equivalente a 90 por ciento del suelo de un secretario de Estado. En el resto de municipios de la Isla se establece un sueldo límite máximo en función de la población. Pese a lo previsto en un primer momento, la ley no prevé la reducción del número de concejales.

El Consejo de Ministros hace una regulación exhaustiva de las competencias que deben ejercer las administraciones para que no haya solapamientos y da plazos variables para que los municipios dejen de ejercer las llamadas competencias «impropias». Por ejemplo, sólo podrá haber guarderías municipales si los ayuntamientos acreditan que tienen dinero para ello sin endeudarse.

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