Uno de los directores sancionados, Rafel Andreu, del IES Pasqual Calbó, que es también presidente de la asociación de directores de Secundaria de Menorca, recibió el apoyo de compañeros. | Laura Pons Bedoya

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La indignación de la comunidad educativa sigue ‘in crescendo' tras el anuncio de la Conselleria d´Educació de suspensión a los directores de los institutos Cap de Llevant, Joan Ramis i Ramis y Pasqual Calbó y Caldés de Menorca por negarse a adaptar sus proyectos lingüísticos a las enmiendas de la Inspección Educativa.

El president de la Associació de Directors i Directores de Educació Secundaria de Mallorca, Antoni Quintana, informó ayer de que un cuarto director, en este caso el del IES Ferreries, también va a ser sancionado, y puede no ser el último. Quintana anunció que se les ha puesto en contacto con los abogados de la asociación para recurrir estos expedientes que les sancionan durante tres meses. Tanto la asociación de directores como los sindicatos coincidieron en que las instrucciones de la Inspección Educativa que, según la Conselleria, no han cumplido, «están suspendidas cautelarmente» porque Educació no ha dado respuesta, en el plazo de 30 días que marca la ley, a ninguno de los recursos de alzada presentados. Por todo, los sancionados están seguros de «la adecuación de sus actuaciones, ajustadas a normativa».

Además, la Junta de Personal Docente, que componen Stei-i, UGT, CCOO y ANPE, registró ayer un escrito en la Conselleria en el que se califica de «inadmisible e injustificado» el inicio de estos expedientes, «que consideramos un acto represivo, que pretende infundir miedo y que creará aún más confrontación y malestar dentro de la comunidad educativa». «Es como un golpe de estado a la democracia interna de los centros», y añaden que «consideramos que hay indicios de un posible abuso de poder, por lo que se estudiará emprender acciones judiciales (...) y no descartamos proponer otras medidas de protesta». Defienden que los directores sancionados «han aplicado la normativa vigente» y que los proyectos se ajustan al decreto. Por ello exigen una «reunión urgente con la consellera d´Educació, Joana Maria Camps, para reclamar la retirada del procedimiento sancionador». «Los maestros y profesores no tenemos miedo y nos avala la ley, por tanto lo denuciaremos donde haga falta, incluso ante tribunales internacionales», aseveró Maria A. Font.

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Esquivar la protesta

En cambio, la consellera declaró en Menorca que la Conselleria «se ha visto forzada» a tomar la decisión de incoar con un expediente disciplinario a los tres directores menorquines porque «no se puede pregonar que una norma es nula cuando nadie ha decretado su nulidad». Y añadió que «todas las normas tienen validez delante de todos y se tienen que cumplir, con independencia de los recursos, las garantías que pueda haber o de que se pueda acudir ante los tribunales». La consellera adelantó ayer una visita en Menorca para esquivar una protesta convocada a través de las redes sociales.

La FE-CCOO anunció también que está «preparada para convocar huelga indefinida este inicio de curso». El secretario de FE-CCOO, Toni Baos, denunció que al finalizar la protesta realizada por los sindicatos ante la Conselleria fue obligado a identificarse ante la Policía.

Por último, la Junta de Portavoces rechazó, con los votos mayoritarios del PP, la comparecencia «urgente» en el Parlament de Camps.