La sentencia del Constitucional sobre el catalán satisface a los alcaldes del PP oficialistas y críticos

Así, al margen de la opinión personal que tiene cada alcalde del fondo del asunto en lo que se refiere a los funcionarios de la Administración autonómica, los ediles del PP hacen una lectura positiva de la resolución judicial al entender que confirma que también actuaron conforme a la ley los que mantuvieron el catalán como requisito en los catálogos municipales de puestos de trabajo, especialmente para los empleados que requieren un trato directo con el público.

«La mayoría de ayuntamientos (tal y como admite la propia sentencia) hemos tenido la libertad de mantener el catalán como requisito si lo considerábamos oportuno», dijo ayer el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre. Cifre recuerda que el exigir o no como requisito el catalán en la administración autonómica «era una decisión puramente del Govern que excede del ámbito de las administraciones locales».

En el mismo sentido se manifestó el alcalde de Inca, Rafel Torres. «Las sentencias siempre tienen que ser respetadas y esta demuestra que el Govern, con el tema de la Ley de Función Pública, no lo había hecho mal», dijo Rafel Torres. El alcalde de Inca añadió: «De otra parte, la sentencia no deja de confirmar lo que se pensaba desde un principio porque la ley ya daba libertad a las administraciones para exigir o no que el catalán fuera un requisito de acuerdo a las necesidades de sus puestos de trabajo. Nosotros así lo hicimos y no hemos tenido ningún problema».

El alcalde de Maria de la Salut, Antoni Mulet, señala que el TC viene a ratificar «lo que ya sabíamos, que las dos lenguas tienen que ser iguales». «Lo importante es que cualquier ciudadano que se acerque a la Administración pueda ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, castellano y catalán». Para Mulet el hecho que el catalán sea un mérito siempre favorecerá al que conozca esta lengua.

El alcalde de Alaró, Joan Simonet, declaró que «hay que respetar las decisiones judiciales, en este y todos los casos». Y manifiesta que «en nuestro municipio no hemos reformado el reglamento para los funcionarios municipales, así que ahora nos adaptaremos a la ley».

El alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler, consideró que «aunque es positivo, para mí hubiera sido una alegría hoy recibir la noticia de que finalmente se ha puesto fin a la huelga de los docentes». Añadió que «siempre he respetado las sentencias judiciales y por lo tanto ésta no es una excepción. Fue un tema que discutimos en su momento y ahora el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la reforma».

La alcaldesa de ses Salines, Maria Bonet, explicó a este periódico que la decisión del Alto Tribunal en este caso, «personalmente la valoro de manera muy positiva. Tenemos dos lenguas en igualdad de condiciones y por ello entiendo que para ejercer un cargo no es necesario pedir un certificado de catalán. Tiene que ser un mérito».

Por su parte, el alcalde de Vilafranca, Montserrat Rosselló, se mostró satisfecho por esta decisión judicial que «teníamos clara desde el primer momento y ahora la justicia nos ha dado la razón. Yo, por encima de todo, valoro la profesionalidad de la gente, prefiero un buen médico a que se tenga que exigir un certificado de catalán. Era lo más normal que el tribunal nos diera la razón».

Por su parte, el primer edil de Montuïri, Jaume Bauçà, se remitió «a la opinión del partido, es decir, lo que afirman tanto el presidente como el secretario general de la formación» evitando así pronunciarse sobre el asunto.

El alcalde de Palma, Mateo Isern, manifestó que el Constitucional «confirma la legalidad de lo que proponía el Partido Popular en su programa electoral».