La juez rechaza anular las pesquisas tras imputar un delito de asociación ilícita a exdirigentes de UM

Mediante un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma rechaza la pretensión de varios de los imputados al alegar que ya desde que fue abierta esta pieza en el marco del caso Voltor, han sido interrogados expresamente sobre su pertenencia al partido y en torno a la cadena de mando que pudiera existir, resultado de lo cual se les atribuye ahora un delito de pertenencia a asociación ilícita.

Se trata de un delito que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión y que va dirigido a las asociaciones -en este caso UM- que "tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada". Establece condenas de dos a cuatro años para sus fundadores o directores, y de uno a tres años a los miembros activos de este tipo de asociaciones.

Los encausados, entre ellos el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) y la excandidata 'uemita' a la alcaldía de Calvià María José Rodríguez, plantearon un incidente de nulidad por entender que se les produjo indefensión ante la inclusión del delito de asociación ilícita en el auto que ponía fin a la instrucción de la causa. Así, pedían retrotraer las actuaciones para que pudieran ser interrogados en torno a este delito y defenderse del mismo.

Sin embargo, la magistrada alega en su auto que todos los imputados ya fueron interrogados por estos hechos y más en concreto por su pertenencia a UM, de quién recibían órdenes y a quién las daban, si todo ello lo hacían para favorecer al partido, dónde se tomaban o si participaban en reuniones, "sin que inopinadamente se les haya formulado acusación por hechos desconocidos" sobre los que "no hayan sido convenientemente interrogados".

Solicitan 8 años para Munar

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado escrito de acusación en el marco de este caso, en el que solicita ocho años de prisión para la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Maria Antònia Munar -sobre quien ya pesan dos condenas que suman once años y medio, una de ellas firme- por liderar una trama por la que fueron contratados, con fondos públicos de la Institución insular, militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar votos en favor de la extinta formación nacionalista.

Junto a quien fuera dirigente histórica de UM, también está previsto que otros 17 excargos y afiliados del desaparecido partido se sienten en el banquillo de los acusados: para Nadal, Flaquer y el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, el Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel, mientras que para la exportavoz de UM Catalina Julve y el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, entre otros procesados, solicita cinco años y diez meses.

Las pesquisas se enmarcan dentro de la pieza diez del caso Voltor, y apuntan a que, pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido. Es más, los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

Munar aseguró no tener "nada que ver"

Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la del exconseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.