Antoni Gómez y José Ramón Bauzá, en el Parlament. | M. Joy

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Pablo Jiménez de Parga, abogado de José Ramón Bauzá, ha solicitado al juez que instruye la querella de UGT y Lorenzo Bravo contra el president del Govern, que acuerde la nulidad del auto en el que rebajó, de 4.000 a 1.000 euros, la fianza a consignar por los querellantes.

Según el escrito del letrado, «el juez omitió por completo el procedimiento legalmente previsto para la tramitación de un recurso de reforma, que exige dar traslado del referido recurso a las demás partes, muy especialmente al Ministerio Fiscal, para que puedan formular las alegaciones que tenga por convenientes».

Añade que el auto «incurre en la causa de nulidad de pleno derecho...cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esta causa, haya podido producirse indefensión».

El juez, por otra parte, ha elevado las actuaciones desarrolladas hasta ahora en la querella contra Bauzá, y el vicepresidente del Govern, Antoni Gómez, a la Audiencia Provincial de Balears.

Será, entonces, el tribunal el que decidirá si la querella continúa, o no, su recorrido en el juzgado. En caso afirmativo, el juez citará a declarar a Bauzá y Gómez en calidad de imputados.

La Fiscalía de Balears se opone a que el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma investigue si Bauzá incurrió en la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación al confiar la defensa de su honor a abogados de la Comunitat Autònoma, y no a uno privado. Sobre esta cuestión, Pablo Alonso de Caso, abogado de Bravo y UGT, ha remitido al juez un escrito en el que formula alegaciones contra el recurso de apelación interpuesto por Bauzá, Gómez y el Ministerio Fiscal para que se inadmita la querella.

Mala fe

El letrado niega que la parte que representa esté actuando con mala fe procesal y subraya que esa afirmación es «mendaz y plenamente desacertada».

Recuerda que Bauzá ha solicitado una indemnización de 6.000 euros en el recurso que interpuso contra la sentencia dictada por un juzgado de primera instancia, lo que «aumenta los argumentos» de que el presidente «solo busca su enriquecimiento personal y de su cuenta bancaria». «¿Acaso el honor de J. Bauzá es público pero la indemnización si es privada»?, pregunta el abogado en el escrito presentado ante el juez.