Las productoras afectadas por el cierre de RTVM piden que el Consell asuma la deuda

En rueda de prensa, la entidad ha exigido además la dimisión de la presidenta de la Institución insular, Maria Salom, al recriminar que esta situación se ha producido como consecuencia de una «mala gestión» a la hora de formalizar el cierre, puesto que el Consell no hizo las aportaciones económicas que estaban presupuestadas correctamente. Esa falta de liquidez producida desde que el PP asumió la responsabilidad de gobernar el Consell ha derivado en que las productoras nos encontremos ahora en esta situación», ha añadido.

Continuarán exigiendo responsabilidades al Consell

Durante el acto, el presidente de la asociación, Jaume Rodríguez, ha aseverado que las productoras «pedirán y seguirán pidiendo la responsabilidad total del Consell, porque entendemos que las deudas son de la Administración, ya que en caso contrario nunca hubiésemos trabajado para una empresa que no tenía ingresos si no fuera por los ingresos que le daba el propio Consell».

«No se puede aceptar que una empresa del Consell y que sólo tiene ingresos de la Institución se cierre sin que éste aporte los fondos necesarios para pagar las deudas», ha añadido Rodríguez, quien ha manifestado que, «de lo contrario, supondría un engaño a los que trabajábamos para RTVM confiados en que lo hacíamos para el Consell».

En esta línea, los responsables de la Apaib han criticado las declaraciones efectuadas por Salom una vez conocida la sentencia, en las que «se alegró de que el juez exonerara al Consell y, como se dice vulgarmente, 'se lavó las manos', cuando sobre quienes caía el peso de la ley eran los miembros que ella misma había designado para que cumpliesen con su orden de cerrar RTVM».

Condena al consejo de RTVM

Cabe recordar que la sentencia considera responsables de la insolvencia de RTVM a la secretaria técnica de Urbanismo y Territorio Catalina Terrasa; el director general de RTVM José Manuel Carrillo; el director insular de Hacienda Rafael Pons; el de Residuos, Antoni Serra; la secretaria técnica de Cooperación Local Joaquina Ibáñez; el secretario técnico de Presidencia Miquel Barceló; la directora insular de Presidencia Neus Salas; los representantes del PSIB Francesc Ramis y Lluís Socías, y del PSM Andreu Caballero.

El juez argumentaba su decisión en el hecho de que, bajo su mandato, no cumplieron con la obligación legal de solicitar el concurso voluntario en el plazo marcado por la Ley, a pesar de conocer que la situación de la empresa era «totalmente inviable» debido a los problemas que arrastraba y a la falta de financiación, y conscientes asimismo de la imposibilidad de pagar a los proveedores.