La comisión ejecutiva de la FELIB, que se reunió ayer, agrupa a una veintena de alcaldes. g Foto: PERE BOTA | Alejandro Sepúlveda

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Los alcaldes de Balears piden por unanimidad al Govern que modifique el ‘decretazo' de símbolos al considerar que no se ajusta a derecho ya que va más allá que la propio ley en la limitación de derechos. El rechazo de los municipios, incluidos los del PP, se plasmará de momento en la presentación de alegaciones centradas en este aspecto.

La decisión se tomó en una reunión urgente celebrada por el comité ejecutivo de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) en la que se acordó que la federación canalice las alegaciones de los municipios. A esta reunión acudieron una veintena de alcaldes y concejales de las Islas, que acordaron por unanimidad pedir la modificación del decreto. Los servicios jurídicos de la federación habían advertido de que el decreto introduce elementos nuevos no recogidos por la ley, lo que jurídicamente se conoce con el término «ultra vires».

Excesos

Ello significa que una norma de rango inferior, un decreto en este caso, va más allá que la propia ley de la que emana y eso puede anular de facto toda la disposición. El decreto introduce condicionantes «a posteriori» para que los municipios aprueben los símbolos de interés local ya que no basta con el acuerdo del pleno, sino que esta aprobación tiene que estar apoyada después por un acuerdo del Consell de Govern.

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En la reunión celebrada por los alcaldes, el debate se centró además en si esta tutela posterior del Govern, además de suponer un caso de «ultra vires», es una intromisión en la autonomía municipal. Los municipios gobernados por el PI, Més y el PSIB pidieron que la FELIB también presentara una alegación en defensa de la autonomía municipal, pero los alcaldes del PP se negaron. «Lo que no aceptaremos es que la FELIB presente alegaciones políticas», aseguró Jeroni Salom, alcalde de Binissalem, en nombre de los representantes del PP.

Por parte del PSIB, el alcalde de Algaida, Francesc Miralles, afirmó que el decreto es ilegal y comentó que las alegaciones presentadas por la FELIB van en esta línea, si bien no se había conseguido convencer a los alcaldes del PP para hacer constar la queja de la federación por la intromisión en las competencias municipales, como era su intención.

Estudio

Antoni Pastor, alcalde de Manacor y representante del PI, lamentó en la reunión que a los alcaldes del PP no les importe que el Govern impida que en los edificios de su propiedad se cuelguen símbolos locales. Insistió que los juristas de la FELIB estudien detenidamente el proyecto de decreto para ver si conculca o no la autonomía municipal. Si los juristas determinan que sí, también se presentará otra alegación al respecto.