El Ajuntament de Palma perderá cuatro dedicaciones exclusivas si el Gobierno central aplica la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sin flexibilidad. La 'ley Montoro' establece que las entidades locales tendrán que pagar a un máximo de 60 días (30 desde la recepción del servicio hasta la aceptación de la factura y otros 30 para hacer efectivo el pago) desde el 31 de diciembre de 2013.
El teniente de alcalde d'Economia, Julio Martínez, confirmó que Cort no cumple con este requisito, por lo que no podrá tener más de 20 dedicaciones exclusivas. Actualmente, el Consistorio palmesano tiene 24 regidores con exclusividad. En concreto, 15 de los 17 concejales del equipo de gobierno (Sandra Fernández cobra como consellera de Familia i Serveis Socials y Álvaro Gijón como gerente del consorcio de la Platja de Palma) y 10 de la oposición (los socialistas Yolanda Garví, Guadalupe Pulido y Andreu Garau no tienen exclusividad).
Incompatibilidad
Martínez adelantó que las dedicaciones exclusivas las perderán los concejales de la oposición, ya que considera que para los del equipo de gobierno no es compatible su trabajo de gestión con otra actividad económica privada. En este sentido, argumentó que en la mayoría de consistorios los regidores de la oposición no tienen exclusividad. No obstante, Cort solicitará a Madrid que sea flexible en la aplicación de la normativa, ya que espera pagar en breve a sus proveedores en un máximo de 60 días.
La Ley Montoro establece que las entidades locales que cumplan con la normativa de morosidad, así como con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública podrán solicitar una exención de la aplicación de la norma hasta el 30 de junio de 2015. A partir de ese momento, todos tendrán que reducir las dedicaciones exclusivas. Las entidades locales que deseen acogerse a dichas exenciones temporales deberán solicitarlo por escrito antes del próximo 30 de abril.
Por otra parte, la Ley Montoro también establece que «en ningún caso» las entidades locales podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que tenían a 31 de diciembre de 2012.
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