La intervención de las entidades ciudadanas en los plenos de Cort debutó ayer, por acuerdo de los grupos políticos, con nuevos criterios que las agrupan en dos bloques al inicio de la sesión, iniciativa defenddida por el alcalde Isern como un criterio «de eficacia». La consecuencia fue que el plenario concluyó poco antes de las 15,00 horas, cuando habitualmente se extendían hasta entrada la tarde. Las asociaciones afectadas protestaron y anunciaron recursos ante una decisión que consideraron «ilegal». El pleno adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Ayudas domiciliarias y de urgencia. Con la transferencia de 4,1 millones de euros procedentes de los beneficios de la empresa municipal Emaya en su último ejercicio al Presupuesto de Cort para 2014, el Área de Bienestar Social recibe 600.000 euros más para ayudas domiciliarias y 100.000 euros para ayudas económicas urgentes, componiendo un gasto cercano a los 10 millones para esos servicios a la ciudadanía.
Luz verde judicial a ordenanzas fiscales. El Tribunal Superior de Justicia de Balears, en su sala de lo Contencioso-Administrativo, ha sentenciado que fue correcta la modificación en diciembre de 2011 de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por ocupación de suelo público (terrazas) y la de tratamiento de residuos sólidos urbanos, recurrida en su momento por ocho concejales del PSOE, a quienes se condena a las costas judiciales. El tribunal presidido por el magistrado Gabriel Fiol señala en su fallo que en el caso de un ayuntamiento «la travesía para recuperar el equilibrio financiero no es ni corta, ni segura, ni sencilla, pero es un recorrido ineludible jurídicamente y adherido a la lógica».
Crecimiento urbanístico de Palma. El regidor de Urbanismo, Jesús Valls, dio cuenta de la decisión de la mayoría de gobierno de que las posibilidades de crecimiento urbanístico de la ciudad no superen las previsiones del Plan Territorial elaborado en su día por el Consell de Mallorca. El PSOE, a través de la regidora Yolanda Garví, reclamó que «de una vez por todas las cosas se hagan bien, y no con argucias matemáticas, ni con normas tramposas como la 'ley Company', ni con 40 modificaciones puntuales del PGOU».
Ciudad libre de desahucios. Por unanimidad de todos los grupos políticos en Cort se insta al Patronat Municipal de l'Habitatge a no desalojar a ningún usuario de ese programa de una vivienda concedida «cuando se compruebe la imposibilidad real de hacer frente al pago del alquiler por causas económicas».
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