Silvia Núñez, decana del Colegio de Registradores en Balears. | Teresa Ayuga

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Los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Balears se han sumado a la críticas al proyecto que impulsa el Ministerio de Justicia por el que se pretende desjudicializar el Registro Civil, el cual pasaría a ser gestionado por los registradores. La medida, que tiene su embrión en la nueva Ley del Registro Civil, podría quedar aplazada tras el Consejo de Ministros de hoy.

«El Registro Civil es un tema que nos es ajeno», asegura la decana del Colegio de Registradores en las Islas y titular del Registro de la Propiedad número 1 de Palma, Silvia Núñez, al tiempo que apunta que la pretensión del Ministerio es que estas tareas se realicen de manera gratuita para los ciudadanos y la Administración, «y ello significa un coste que los registradores no podemos asumir». En estos momentos, la gestión del Registro Civil en España cuenta con un coste anual de 500 millones de euros.

Los registradores ya colaboraron gratuitamente en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, «tarea que ahora se ha autorizado a los notarios con una tasa de 75 euros», señala Núñez.

División colegial

Otro de los aspectos en los que se centran las críticas de los registradores «es la pretensión de escindir el Colegio ya que la última iniciativa del Ministerio de Justicia es derivar a los registradores mercantiles las tareas del Registro Civil», explica la decana en las Islas, circunstancia que se interpreta como un intento de escindir el colectivo y que ha generado una profunda preocupación en el colectivo expresada por su decano estatal, Gonzalo Aguilera, en una carta a todos los registradores.

Núñez advierte que «los registros mercantiles tampoco van boyantes y no tienen capacidad para asumir estas tareas». Mallorca cuenta con un registro mercantil, mientras que los jueces de paz y notarios podrán ejercer funciones de «registros buzón», además de la vía electrónica.