Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de la vivienda que posee en la céntrica calle palmesana de Sant Feliu, conocida como 'palacete', por la que el exdirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente, y que según las pesquisas no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico.
Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el 'palacete' y donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, tal y como documentaron los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Castro judicaliza las investigaciones sobre el patrimonio de Matas
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo. A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del ex presidente más de 300.000 euros en dinero negro.
Se trata así de unos hechos que constituyen una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena, dividido en un total de 27 piezas separadas y centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas (2003-2007).
Las pesquisas relacionan el sobrecoste del Palma Arena -que acabó costando 110 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente presupuestada- con los elevados gastos en que incurrió Matas y su mujer. Sin embargo, durante su primera declaración ante el juez José Castro, en marzo de 2010, el expresidente justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.
De hecho, manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, negando de este modo haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos. Tras esta declaración, el juez Castro le impuso una fianza penal de tres millones de euros.
Ramificación balear de Gürtel, Nóos y la contratación de Calatrava
De forma paralela, también dentro del caso Palma Arena, el exministro está siendo investigado en la pieza relacionada con los tratos de favor del Govern a -considerada la ramificación de la trama Gürtel en Balears- y la relativa a la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, por 1,2 millones de euros, para la realización del anteproyecto de un Palacio de la Opera en Palma que nunca llegó a ser construido.
Asimismo, Matas se encuentra entre los 16 imputados para quienes el juez Castro mantiene la imputación dentro del caso Nóos -también integrado en el caso Palma Arena- de cara a sentarse en el banquillo de los acusados.
Mientras tanto, entre otras de las irregularidades en que habría incurrido el expresidente se encuentra la contratación 'a dedo' de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz, quienes sustituyeron al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y que acabaron percibiendo unos nueve millones de euros en concepto de honorarios, según las investigaciones, que se centran en averiguar el motivo por el que se rescindió el contrato al experto alemán y quién ordenó contratar a los dos hermanos. Los García-Ruíz aseguraron ante el juez que fue Matas quien les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
Pago de 120.000 euros públicos a un exconcejal del PP
Al margen del caso Palma Arena, el expresidente se encuentra imputado en una causa centrada en el pago supuestamente irregular de 120.000 euros procedentes del consorcio Turisme Jove -dependiente del Govern- en favor del exconcejal del PP en CalviÃñ Jesús García Oeo, operación que la Fiscalía considera que ordenó el propio Matas.
Se trata de una causa derivada de otro caso de corrupción, el caso Turisme Jove, que llevó a juicio a varios exaltos cargos implicados en una trama por la que desviaron, entre 2003 y 2007, más de un millón de euros a través de este consorcio público, lo que provocó su quiebra técnica.
Uno de los inculpados, el exdirector general de Juventud del Govern Juan Francisco Gálvez, involucró a Matas en el pago de los 120.000 euros, abonados bajo la apariencia de que irían destinados a varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal). Unas estancias que nunca llegaron a realizarse.
Con todas estas investigaciones a sus espaldas, la Audiencia Provincial de Baleares denegó a finales del pasado año suspender o sustituir los nueve meses de cárcel a los que fue condenado Matas en el primer juicio del caso Palma Arena, al ampararse, entre otros motivos, en la existencia de otros procedimientos penales contra él.
Condenado por dos piezas separadas del caso Palma Arena
Además de la pena de nueve meses que deberá empezar a cumplir en breve, Matas fue condenado por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa total de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.
Se trata de idéntico delito -cohecho pasivo impropio- por el que en su día se sentó en el banquillo el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusado, en su caso, de recibir en virtud de su cargo regalos en forma de trajes procedentes de la trama Gürtel.
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