En su escrito el representante del Ministerio Público asevera que el contenido de la solicitud «no sólo es ajeno a dicha figura» -a la recusación- «sino que desborda los límites que imponen las reglas de la buena fe».
En este contexto, el fiscal critica que la acusación popular «ni expone ni, por tanto, argumenta» la concurrencia de ninguna de las causas que deben darse en una abstención o recusación, previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sino que «se limita a reiterar hasta la saciedad la existencia de una 'sospecha objetiva de parcialidad' con el único fundamento que la imaginación del autor de la petición».
Al respecto, la entidad sindical apunta en su petición a la falta de imparcialidad que podría afectar a la decisión de los magistrados Diego Gómez-Reino -quien además será ponente en la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la Duquesa de Palma- y la Mónica de la Serna, por lo que reclama que ambos sean apartados y sustituidos por otros dos que por turno corresponda.
Y es que, recuerda Manos Limpias, los magistrados recusados, por medio de un «polémico» auto, ya acordaron sobreseer en mayo de 2013 el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI. De este modo, apela a la «pulcritud en la imparcialidad» que debe imperar en los magistrados, lo que, a su juicio, no se produciría en el caso de Gómez Reino y De la Serna, «habiéndose ya empleado e implicado» en el archivo de la imputación de la Infanta «con todo el revuelo mediático y jurídico que tal resolución supuso».
Ante esto, Horrach lamenta las «insinuaciones, sospechas y afirmaciones de prevaricación» vertidas por el sindicato en su escrito, y asevera que la fundamentación recusatoria «alcanza sus máximas cotas de incongruencia cuando califica de sospechosa y parcial solamente una parte de la decisión» del auto que archivaba la imputación de la Duquesa.
«Si no fuera por el reseñado auto de la Audiencia, actualmente doña Cristina de Borbón no estaría imputada», recalca Horrach, en referencia al hecho de que el tribunal dejó las puertas abiertas para que la Infanta fuese investigada por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, por los que está imputada en la actualidad.
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