Imputada Jane King por fraccionar pagos para la presentación de la ópera

El juez instructor de esta pieza separada del caso Palma Arena, José Castro, en consonancia con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, considera que existen indicios suficientes de que King autorizó el fraccionamiento irregular de los casi 100.000 euros que costó la presentación del proyecto arquitectónico, suspendida in extremis por orden de la junta electoral en mayo de 2007.

Castro ha citado a la exsecretaria de Vicepresidencia para declarar como imputada el martes de la próxima semana a las 10.00 horas, ha confirmado Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Según han indicado fuentes jurídicas, los testimonios recogidos este martes por el juez de proveedores que facturaron por sus trabajos para presentar el proyecto de la ópera confirman las sospechas de irregularidades, ya que todas las empresas pertenecían al grupo Clave o al que dirigía el empresario José Manuel Maíz.

Castro ha dirigido una nueva ronda de declaraciones después de la que tuvo lugar este lunes, cuando un exalto cargo del Govern de Matas explicó que el entonces presidente autonómico ordenó la contratación directa de Calatrava y fijó lo que había que pagarle.

Esta mañana han declarado representantes de las empresas Clave Publicidad, Base de Diseny, La Moderna, Carpintería Ebanistería Castro, Backstage Especial Events, Slavatsa Producciones y Mírame Producciones, además de un profesional independiente.

Todas estas empresas, representadas varias de ellas por una sola persona en la comparecencia, realizaron servicios de alquiler, montaje, impresión e instalación de las carpas y otros elementos que se prepararon para la fallida presentación del diseño de la ópera de Palma proyectada por encargo de Matas.

Los trabajos se tradujeron en ocho facturas, todas de entre 9.000 y casi 12.000 euros (por un valor total de unos 99.000 euros), que se cargaron a la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, cuya secretaria general era Jane King.

El primero en declarar esta mañana ha sido Ignacio Fernández Alegría, el exdelegado de la Agencia Tributaria en Balears. Tras su etapa como directivo de Hacienda en las islas, Fernández Alegría trabajó para la consultora Landwel-PricewaterHouseCoopers, y desde esa empresa emitió un informe que avalaba el modelo de contratación que la Conselleria de Educación empleó con Calatrava.

Según han informado fuentes jurídicas, el consultor ha declarado que tres días antes de que el Consell de Govern aprobara contratar al arquitecto valenciano un alto cargo de Educación le pidió que realizara un informe sobre la legalidad de adjudicar de forma directa por razones artísticas a un creador la realización de un proyecto.

El testigo ha asegurado que en ningún momento le indicaron que se trataba de contratar a Santiago Calatrava, sino que le encargaron de forma verbal que realizara un análisis genérico sobre ese tipo de encargo.

Días después, cuando el proyecto, que costó 1,2 millones de euros, ya ha había sido adjudicado, el Govern formuló por escrito la petición del informe a Fernández Alegría.