Katiana Vicens acompañada por Ignacio Fernández Toxo, esta mañana a su llegada a los juzgados. | UGT

TW
12

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma acoge este lunes el juicio contra la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, por presuntamente romper el cristal de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para ella por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de daños.

El secretario general estatal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha estado presente a las afueras de los Juzgados de Vía Alemania. Más tarde se desplazará hasta la sede del sindicato en Palma, para participar en el acto que tendrá lugar en apoyo a Vicens.

Los hechos por los que Vicens se encuentra acusada han sido negados tanto por el sindicato como por ella, al atribuir esta denuncia «falsa» a un intento de «criminalizar la protesta» y de «debilitar el derecho de huelga». La denuncia que dio pie al procedimiento judicial fue presentada por un trabajador del sector del transporte de la Estación Intermodal de Palma, quien asegura que la dirigente sindical rompió la luna de uno de los autobuses allí estacionados.

Para CCOO, la denuncia está enmarcada en una campaña de «desprestigio» por parte de sectores ultraconservadores a quienes «les interesa que personas relevantes de sindicatos estén imputadas por delitos contra los trabajadores y dar un mensaje de miedo sobre una violencia que es irreal».

El sindicato defiende que Vicens subió al autobús «para informar» a quienes iban en él pero no rompió la luna «ni se sabe cuándo sucedió eso». «Es cierto que cuando Katiana bajó del vehículo, la Policía pidió que se identificase y así lo hizo, pero no se atentó contra el derecho de ningún trabajador», precisó en su día el secretario de organización de CCOO en Baleares, José Luis García.

«Nosotros no somos radicales, vamos con la cara descubierta, no somos bándalos que van destrozando el moviliario urbano», ha subrayado en este sentido el líder sindical, quien ha lamentado que con este tipo de actuaciones se produzca «una involución democrática y un retroceso de derechos que nos devuelve a situaciones anteriores a la democracia».

Por su parte, el secretario general de CCOO a nivel nacional, Ignacio Fernández Toxo, también se pronunció al respecto en Palma y, en este sentido, apuntó a una «instrucción» por parte del poder político, a través de la Fiscalía, dirigida a «vulnerar» las libertades sindicales.

«Después de haber estado en las cárceles franquistas, jamás se me pasó por la imaginación que tras aprobarse la Constitución alguna persona volviera a pasar por esta situación por defender derechos fundamentales», subrayó Toxo, quien expresó su confianza de que estos hechos «no sean el preludio de una involución todavía mayor».

La propia Vicens defiende que los hechos que se le imputan son «absolutamente falsos» ya que en ningún momento rompió cristal alguno como tampoco actuó junto a otras personas para impedir que el autobús arrancara. En este contexto, hizo alusión en rueda de prensa a «la involución democrática de este país en forma de nuevas normativas y a través de intentos de criminalización de concentraciones y manifestaciones».

De hecho, criticó que las acusaciones que pesan sobre ella «forman parte de una caja brujas que pretende debilitar el último muro de contención a las políticas neoliberales y a las organizaciones sindicales».

Según recordó, durante la mañana en que sucedieron los hechos, subió a media docena de autobuses «a hacer la tarea del piquete y comprobar que que estuvieran de servicios mínimos, con absoluta normalidad y como lo hicieron otros compañeros». En el vehículo donde presuntamente fue fracturada la luna, Vicens aseguró que el conductor «se puso muy nervioso y el policía que había abajo me pidió que bajara. No vi ningún cristal roto, yo no rompí ninguno ni tampoco actué con nadie para impedir que el autobús saliera», remarcó.