En esas declaraciones, el grupo municipal socialista, personado como acusación particular, concluyó que Alfonso Grau, presidente de la Fundación Turismo Valencia, es el responsable de los contratos firmados con el Instituto Nóos.
La Audiencia de Palma imputó al vicealcalde de Valencia por entender que fue el «impulsor de la concertación» entre la Fundación Valencia Turismo y el Instituto Nóos para que la empresa de Iñaki Urdangarín organizara en la capital valenciana tres cumbres sobre eventos deportivos por los que se le pagaron 3,1 millones de euros.
Este sábado han prestado declaración la concejal de Cultura de Valencia, María Irene Beneyto, el expresidente de la patronal autonómica Cierval Rafael Ferrando y el expresidente de la Federación valenciana de Hostelería, Juan Carlos Gelabert, y todos ellos han ratificado sus declaraciones anteriores.
Al término de su declaración, Beneyto ha abandonado los juzgados sin atender las peticiones de información de los periodistas, si bien la letrada del grupo socialista, Sandra Gómez, ha indicado que se ha ratificado pero ha intentado matizar algunos aspectos.
Gelabert, por su parte, ha explicado cómo se tomaban las decisiones en el patronato de la Fundación Turismo Valencia: «Nos sentábamos, se debatía y a partir de ahí se decidía», y ha precisado que las decisiones se adoptaban según «lo que pensábamos que en ese momento era bueno para la ciudad».
Desde el sindicato Manos Limpias, han señalado que ha habido «unas contradicciones» en la declaración de Gelabert en el sentido de que en la ocasión anterior dijo que él decía «a todo que sí, por que no le quedaba otra», y hoy ha afirmado que estudiaba y votaba las propuestas.
«Parece que ahora todos se acuerdan de que se votaban las cosas y se estudiaban, y antes parece ser que se lo daban hecho», ha manifestado la abogada de Manos Limpias, Virginia López.
El expresidente de la patronal Cierval ha indicado a su salida que las preguntas del defensor de Alfonso Grau han sido genéricas, y que se ha ratificado en su declaración.
También han prestado declaración el funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado, autor del informe emitido el 8 de mayo sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia y la aplicación a esta entidad de la Ley de Contratos de la Administración Pública.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid José María Bañó León, en calidad de perito, se ha referido al carácter privado de la entidad, y se ha anulado la declaración de otro de los testigos, José Romaguera, por su fallecimiento.
Según la letrada del grupo socialista, ha quedado claro que la Fundación se financiaba con dinero público y constituía «una fuga de dinero público» del Ayuntamiento.
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha anunciado que presentará acusación contra Alfonso Grau, y sobre las declaraciones de este sábado, considera que vigilará si algún testigo cae «en falso testimonio» por las contradicciones que ha señalado.
Ha asegurado que los contratos de la Fundación Turismo Valencia «no estaban sometidos» al derecho público y, por tanto, se cometió a su juicio «una irregularidad y una ilegalidad».
La abogada del sindicato ha afirmado que el funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado «ha dejado clarísimo» por qué esos contratos se tienen que someter al derecho público «por mucho que pretendan las defensas diciendo lo contrario», y que el mismo ejemplo se da en la comunidad balear donde «los propios funcionarios y los miembros del Gobierno admiten que tenía que someterse» al derecho público.
López considera que la implicación del vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación «no viene por lo que digan estos señores» sino por otras pruebas documentales del procedimiento.
El juez José Castro, instructor del caso Nóos, ha dicho a los periodistas antes de entrar a los juzgados no esperar «especialmente nada» de estas declaraciones.
Mañana sábado continuarán las declaraciones de los quince testigos solicitados por la defensa de Grau, entre ellos las del expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá; la exdirectora, diputada nacional y exconsellera del Gobierno valenciano Belén Juste y el director de la Fundación, José Salinas.
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Después de Catalunya, el País Valencià es la comunidad más endeudada de España, ambas con diferencia.