Castro ha dictado hoy un auto en el que ha acordado que no hay lugar a admitir a trámite el recurso de apelación formulado por la defensa de la infanta contra el auto de apertura de juicio oral que dictó el pasado 22 de diciembre en el que abría proceso a la infanta y otros 16 imputados en la causa.
El magistrado ha respondido a la alegación realizada por los abogados de la infanta de que la apertura de juicio oral le impone «la perniciosa 'pena de banquillo'», que en el caso de doña Cristina «tiene unos efectos, como es público y notorio, probablemente inigualables en el ámbito nacional».
Castro afirma en su auto que no es cometido de los jueces «imponer por la vía de hecho lo que llama 'pena de banquillo', pero tampoco evitarla si con ello hacen dejación de sus funciones», y añade que la posible aflicción causada a la infanta puede deberse a la ejemplaridad que le es exigible.
«Tampoco es misión de la Administración de Justicia el calibrar la magnitud de una aflicción que nunca fue su objetivo causar pero que, si de facto se produce en otros ámbitos de esa inigualable manera, puede que sea por la proporcionalidad al nivel de ejemplaridad exigible a la persona afectada», asegura.
Castro también niega haber «aprovechado» el auto de apertura de juicio oral para fijar una fianza pecuniaria a la infanta (de 2,7 millones de euros), como aseguraron los defensores de la hermana del Rey en su recurso.
«Decir que este proveyente se ha aprovechado de algo no suena bien pues con ello pudiera dar pie a entender que, teniendo otras opciones, ha elegido aquélla de la que obtener un beneficio o causar un perjuicio», algo que Castro considera que «no responde a la verdad».
El magistrado rechaza la alusión que figura en el recurso firmado por el abogado Miquel Roca de que el juez maneja fuentes periodísticas en el auto de apertura de juicio oral y dice que «no por cansina se tornará verdad».
Castro manifiesta «sorpresa» porque dicha alusión procede de alguien que «casi cada día participa en extensas declaraciones a los medios» y cuyos escritos se publican antes de que el juez los analice y que «aborda en conferencias la presunción de inocencia de su defendida» y en ellas «extrae la firma conclusión de que en España la presunción de inocencia no existe».
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