Así lo han acordado ERC, PSC ICV-EUiA, C's y la CUP, que han votado a favor de una enmienda que así lo establece, mientras que se han abstenido CiU, PP y la diputada no adscrita Marina Geli.
Esta demanda la había hecho el Grupo de Trabajo contra la Corrupción en Catalunya, y ERC e ICV-EUiA la incorporaron mediante una enmienda a una moción de la CUP sobre medidas de urgencia social.
El texto aprobado asegura que los presuntos delitos «podrían comportar una reducción en los ingresos del presupuesto de la Generalitat, a quien le corresponde el 50% del IRPF recaudado en relación a las personas residentes», tal como lo eran la Infanta y su marido.
Dado que ambos eran residentes en Catalunya, según el redactado de la moción, la disminución de la recaudación afecta directamente a las cuentas catalanas y, en consecuencia «a la capacidad de sufragar las políticas sociales donde la principal beneficiaria es la ciudadanía», agrega la enmienda aprobada.
Además, tal y como indica el Grupo de Trabajo contra la Corrupción en Catalunya, personarse implicaría apoyar la no aplicación de la doctrina Botín, dejando claro que la Generalitat «no quiere crear situaciones de agravio comparativo entre sus ciudadanos residentes».
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