El exministro ha impugnado así el auto con el que, el pasado 8 de abril, el magistrado ya desestimó el recurso de reforma que interpuso Matas contra la resolución con la que Castro abrió la vía para que pueda sentarse en el banquillo de los acusados, y que constituye el paso previo a la apertura de juicio oral.
En concreto, la defensa de Matas, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener su encausamiento, motivado por su presunta intervención en el marco de las negociaciones y la tramitación del expediente de contratación de Calatrava.
En su recurso de apelación, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el letrado rebate además los argumentos expuestos por Castro en la resolución impugnada, en la que el juez Castro aseveraba que «hubiera sido más congruente» que Matas, quien recrimina ser el único encausado contra el que se mantiene el proceso penal, hubiese recurrido en su día el archivo decretado para quienes anteriormente se encontraban imputados en la causa.
El magistrado le emplazaba así a formular alegaciones y facilitar «los datos incriminatorios que contra» todos ellos tuviera por conveniente», a lo que el letrado asevera que no es esa su función puesto que no ejerce ningún tipo de acusación en el marco de esta causa sino que su cometido es ejercer la defensa de su patrocinado. Entre otros, se encontraba imputado el exconseller de Educación Francesc Fiol.
En la resolución que Matas recurrió en reforma, el juez señalaba que éste proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas «con la finalidad de que el partido político que le sustentaba y que presidía obtuviera una decisiva ventaja» en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, «a sabiendas de que la ejecución de tal proyecto no estaba en su horizonte decisorio, cuando menos a corto ni a medio plazo».
MATAS DEFIENDE QUE LA CONTRATACION FUE «PLENAMENTE LEGITIMA»
El exministro, sin embargo, ha defendido hasta el momento que la decisión de contar con los servicios de Calatrava fue «plenamente legítima» y, en su comparecencia ante el juez, asumió su responsabilidad en la elección del arquitecto valenciano. Es más, justificó la contratación sin ningún concurso previo por ser una persona «muy cualificada técnica y artísticamente».
En concreto, el arquitecto valenciano acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros del Govern: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.
Del mismo modo, Castro señalaba cómo el Govern efectuó el pago de facturas valoradas en unos 100.000 euros en total para la preparación del acto de presentación de la ópera, cantidad que fue fraccionada en once contratos menores -de entre 9.000 y 12.000 euros aproximadamente- para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso.
2 comentarios
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A sa presso, lladre.
¿Pague taxes judicials en Matas??.