Las declaraciones como testigos de varios responsables del Colegio de Farmacéuticos de Balears y funcionarios, en el marco de la querella interpuesta contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por no haber convocado concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia, se retoman este miércoles y jueves, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, las aplazase.
En concreto, la querella también fue interpuesta contra el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente Sánchez, imputado por estos hechos, y el conseller de Salud, Martí Sansaloni.
La denuncia fue posteriormente ampliada contra la secretaria general de la Conselleria de Salud, Lucía Matías, por infidelidad en la custodia de documento y falsedad en documento público y prevaricación. Cabe recordar que el pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Baleares ordenó al magistrado a admitir a trámite la querella, que apunta a la presunta comisión de un delito de prevaricación.
El querellante, el farmacéutico Cristóbal Pons, alega que el anterior Govern había autorizado la creación de nuevas farmacias en Balears desde febrero de 2009 hasta hasta mayo de 2011, mientras que en octubre y noviembre de ese año se autorizaron dos más. Sin embargo, recrimina que no fue hasta agosto de 2013 cuando el actual Ejecutivo instó la convocatoria del concurso de méritos para determinar a quién debían ser adjudicadas.
Durante su declaración a finales de marzo, el farmacéutico aseveró ante el juez que el conseller de Salud «recibía órdenes» del jefe del Ejecutivo en este sentido ya que, tal y como expone en su denuncia, éste tenía «intereses personales en el sector».
«No creo que el conseller vaya por su cuenta», manifestó Pons ante los medios, aseverando que la intención del actual Govern era esperar , para convocar el concurso, a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) se pronunciase sobre la posible incompatibilidad del el cargo que ostenta Bauzá como presidente con la propiedad de una farmacia en el municipio mallorquín de Marratxí.
Por su parte, la Audiencia aseveraba que los hechos narrados en la querella, «desnudos, como han sido ofrecidos al juzgador, sí revisten de modo indiciario aquella apariencia» delictiva.
La Audiencia señalaba que, si bien el retraso en la apertura del concurso «pudo obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros intereses, o a la propia situación económica», situación en la que podría apreciarse «atisbo alguno de omisión grosera, flagrante y evidente del ordenamiento jurídico», la presunta actuación delictiva por parte del Govern «no puede descartarse con la rotundidad necesaria» hasta que no se practiquen las pruebas de investigación pertinentes.
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