La Audiencia de Palma ha acogido este martes el juicio de la pieza número 8 del caso Voltor, sobre concesión de forma arbitraria de unos 20.000 euros de fondos del Inestur para editar material sobre cicloturismo y «nordic walking» al empresario Antonio Ávila, que también ha sido juzgado.
Las acusaciones y las defensas han llegado a un acuerdo de conformidad y la Fiscalía Anticorrupción ha modificado la calificación de los hechos ante la confesión por parte de los tres acusados y el pago de la cuantía en la que perjudicaron al Govern balear, de 18.279 euros.
Los tres acusaos han reparado totalmente el perjuicio económico ocasionado a la administración, en un 80 % de la cuantía por parte del empresario y en un 10 % cada uno de los ex altos cargos de Inestur, según ha detallado el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Anticorrupción ha retirado la acusación por fraude a la administración al entender que con la adjudicación a Ávila no se perjudicó a otras ofertas ya que no había otros invitadas a competir y también la de falsedad, porque existe un expediente perfectamente conformado.
Con la supresión de dos delitos y al tener en cuenta dos atenuantes, ha rebajado la petición de pena para los tres, que inicialmente era de 5 años y 7 meses de cárcel para Oliver y Rebassa y de 3 años y 3 meses de cárcel para el empresario.
El ministerio público ha acusado finalmente a Oliver y Rabassa como autores de un delito de malversación y prevaricación administrativa, por los que ha solicitado que sean condenados a una pena de 10 meses de prisión e inhabilitación por 2 años 8 meses y ha pedido que se sustituya la pena de cárcel por 20 meses de multa, a 4 euros diarios (2.400 euros).
En el caso del empresario ha sido acusado como cooperador necesario de malversación y piden para él 6 meses de prisión e inhabilitación durante 8 años, sustituyendo la pena de cárcel por multa de 12 meses de multa a 6 euros diarios (2.160 euros).
Los tres acusados han manifestado ante el tribunal estar de acuerdo con la calificación jurídica y la petición de pena de la Fiscalía, a la que se ha adherido la comunidad autónoma que ejercía la acusación particular, por lo que el juicio ha quedado visto para sentencia.
Tanto Oliver como Rebassa han llegado a la Audiencia de Palma desde la prisión, donde cumplen pena por otras condenas anteriores del mismo caso Voltor, por malversación de fondos públicos.
El juicio de hoy se iba a celebrar el pasado 28 de mayo, pero se aplazó para que el empresario acusado pudiera aportar la responsabilidad civil que se le reclamaba.
El acuerdo de conformidad alcanzado hoy se suma al pactado ayer por otra pieza de la misma causa, el llamado caso Bitácora, donde el exconseller de Turismo Francesc Buils y el que fuera asesor jurídico de la Conselleria Miguel Ángel Bonet admitieron haber beneficiado con fondos públicos en 2008 a la entidad que da nombre a la pieza, unos hechos por los que se conformaron con la petición de pena de la Fiscalía de 6 meses de cárcel.
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