Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda mediante un auto con el que desestima la petición de Tejeiro de dejar sin efecto la fianza para ella, y en el que recuerda que ya cuando Castro le impuso la caución en diciembre de 2014, la acusada no la recurrió.
La Sala expone que, mientras la pretensión de la procesada es que se disponga que no se le debe exigir fianza alguna, el auto recurrido acuerda que Tejeiro presente una relación de bienes a embargar. «Nada más», espeta el tribunal, que precisa que la obligación de prestar los 15,8 millones como garantía se estableció en el auto de apertura de juicio oral de la causa (el 22 de diciembre del pasado año), mientras que la resolución recurrida es del pasado mes de mayo.
«El recurso no contiene ninguna mención a lo dispuesto en la disposición impugnada», incide el tribunal, aseverando que «no puede alterarse» el contenido del auto impugnado «como hace la recurrente para acabar solicitando que se deje sin efecto la obligación de constituir fianza».
La caución decretada para Torres y su mujer se suma a las impuestas a otros 15 procesados en el auto con el que acordó enviarles al banquillo de cara a su enjuiciamiento, y que se elevan a más de 60 millones de euros.
Al no haber hecho frente a las mismas -excepto dos de los acusados-, el magistrado inició los trámites para que los inculpados le hicieran entrega de un listado de cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles para su embargo.
El juez relataba para ello de forma pormenorizada cómo se defraudaron los fondos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid que han sido objeto de investigación en la causa.
Así, precisaba cómo entidades controladas por Iñaki Urdangarin y Torres se hicieron con 1,2 millones de euros que costó la organización, por parte de Nóos, del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones por el segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Asimismo, desplegaba las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detallaba en el auto cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.
Para ello, tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Las empresas de la trama son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
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