«Que se nos mantenga en la más estricta imparcialidad y con pleno respeto a la autonomía que nos impone la Constitución», ha pedido Barceló durante su intervención en el acto de apertura del año judicial en el Palacio de Justicia de Palma.
«Todas las instancias deberían procurar dejar a la Fiscalía fuera de la contienda política. Pido y exijo que desde ningún ámbito político se instrumentalice nuestra institución, planteando como denuncias cuestiones que deberían quedar ubicadas dentro del linde del debate político o electoral», ha reivindicado.
El fiscal superior de las islas también ha pedido a las instituciones que contribuyan a impulsar «el avance del ministerio fiscal hacia la eficacia, la excelencia profesional y la modernidad».
Ha defendido que los acusadores públicos están comprometidos en «la garantía de la libertad, que es el valor superior del ordenamiento jurídico y que tiene su mejor protección en la Ley».
«A mí se me ha acusado a veces de archivar muchos asuntos», ha protestado el fiscal Superior, quien ha denunciado: «Hay gente que puntualmente pretende utilizarnos con fines distintos para hacer presión política».
«No es la tónica general pero a veces hay entidades o partidos políticos que presentan denuncias que no tienen fundamento a la vista de los hechos y se archivan de plano», ha insistido.
En su intervención, Barceló ha informado de que la Fiscalía ha incoado 100.381 diligencias previas en 2014, un 1,6 % menos que en 2013; y las diligencias urgentes bajaron un 4,6 %, con 4.752, según la memoria de la Fiscalía de 2014.
El número total de delitos descendió en un 4,7 %. «Es alentador poder afirmar que en los últimos años el número de delitos va disminuyendo», ha asegurado al respecto Barceló.
Según el fiscal superior, es fuera del ámbito penal donde se percibe de forma más clara que el fiscal es «el defensor de los derechos de los ciudadanos», especialmente en los casos donde los afectados son más vulnerables como son los menores o incapaces.
Aumento
El fiscal Superior ha destacado que muchas de las causas por delitos relacionados con la corrupción tienen su inicio en diligencias de investigación penal del fiscal que después se judicializan.
Ha informado de que en 2014, aumentó el número de incoaciones de estas diligencias hasta 168, principalmente por delitos de siniestralidad laboral, ordenación del territorio y contra el medio ambiente, delitos relacionados con la corrupción, tráfico de drogas y estafas.
Barceló ha alabado la apuesta por la especialización y ha destacado la labor de las secciones fiscales especializadas contra la delincuencia organizada y la corrupción, contra el tráfico de drogas, así como las secciones de menores, violencia sobre la mujer, siniestralidad laboral, seguridad vial, extranjería, medio ambiente y urbanismo, vigilancia penitenciaria, criminalidad informática, cooperación internacional, tutela penal de la igualdad, incapacidades y familia.
Según Barceló, uno de los problemas que llevan arrastrando la administración de Justicia y la Fiscalía es «la falta de medios tanto personales como materiales que se traduce en importantes retrasos para obtener una resolución judicial, y una Justicia lenta es de por sí injusta», ha asegurado.
El fiscal considera necesario un esfuerzo para que los procesos sean más ágiles y ha destacado la importancia de que se vaya a poner en funcionamiento «en pocos días» de la sección territorial de Inca con tres fiscales de plantilla y uno de refuerzo, que evitará el trasiego de causas e intensificará la funcionalidad.
Sobre el rechazo del Ministerio del Interior a conceder la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y los agentes de Policía Judicial que han investigado numerosas causas de corrupción, Barceló ha puntualizado que no es que se la hayan denegado, sino que «no se la han concedido».
Barceló ha dicho que respeta la decisión y ha asegurado que Horrach es «una persona que ha trabajado mucho y se ha volcado al lado de la policía».
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