En concreto, sobre Buils, quien en la actualidad cumple condena en prisión por otras pesquisas, pesa un delito de malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias, mientras que el articulista, M.M.A., se enfrenta a una petición de dos años y tres meses de prisión por malversación.
El Ministerio Público solicita además que ambos indemnicen de forma conjunta y solidaria al Instituto de Estrategia Turística -a través del cual se articularon los pagos- con 14.238 euros más IVA, cantidad supuestamente desviada a favor del periodista. Los hechos se enmarcan en la pieza 9 del conocido como caso Voltor.
Ambos serán juzgados el jueves de la próxima semana, a partir de las 10.00 horas, por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears.
Tal y como relata la Fiscalía, para justificar los pagos irregulares, Buils, exalto cargo de Unió Mallorquina, auspició la puesta en marcha de dos expedientes de contratación en base a los que el articulista debía llevar a cabo estadísticas trimestrales sobre el empleo en el turismo balear, pero que en realidad «no reportaban ningún tipo de utilidad para la Conselleria» y además eran «impresiones obtenidas por Internet».
Estos datos, además, los publicaba de forma mensual y abierta la Tesorería General de la Seguridad Social y a ellos podía acceder de forma gratuita el Inestur «con una periodicidad menor» a la empleada por M.M.A, añade la acusación pública. «Dicho trabajo no sólo era innecesario sino también extemporáneo, sin que hubiera interés alguno por parte de la Administración», abunda.
Pese a que el exconseller alegaba que estos datos le eran útiles en las ruedas de prensa, «la idea que subyacía en dicha contratación era obtener artículos periodísticos que ensalzasen su figura política como conseller», cargo que ocupó entre julio de 2007 y octubre de 2008, cuando fue sustituido por Miquel Nadal -quien también se encuentra en prisión por otras causas de corrupción-.
Condenas que pesan sobre Buils
Cabe recordar que Buils ya fue condenado a tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, también por el caso Voltor, por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) para beneficiarle. Asimismo, aceptó en el marco de otra causa seis meses de cárcel por favorecer a la empresa Bitácora.
El estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
1 comentario
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Si nos fijásemos bien en UHM del 2004/2009 , veríamos cosas que solo uno que lo tiene estudiado , lo puede ver ( presuntamente ), y no es poco.