En el juicio celebrado ante la sección segunda del tribunal provincial, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad en relación con esta pieza separada número 3 del llamado caso Voltor, en virtud del cual, Buils ha admitido una condena de 9 meses por malversación, así como inhabilitación especial para cargo autonómico durante 9 años por malversación y prevaricación.
Se ha retirado la acusación hacia el que fuera responsable económico de Unió Mallorquina (UM) Miquel Àngel Flaquer.
También se han conformado con la penas solicitadas el exdirector económico del Inestur Álvaro Llompart, con 9 meses de prisión sustituibles por una multa de 2.790 euros; y el representante de Banif Carlos Otero, con 12 meses de prisión a sustituir por 3.600 euros de multa, ambos por inducción a la malversación.
Atenuantes
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejercía la Abogacía de la comunidad autónoma, han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño, porque los acusados han consignado los 30.871 euros, la cuantía en la que se considera que perjudicaron a las arcas públicas, y además la de confesión en el caso de Llompart.
Las acusaciones consideran que Buils se aprovechó del cargo público y de su posición directiva en UM e ideó un plan para que los fondos de Inestur escaparan del control y dominio público y quedaran sujetos solo a su voluntad para beneficiar al partido.
Aprovechó su jerarquía en el partido y en Inestur sobre Álvaro Llompart que era simultáneamente director económico del organismo autonómico y contable de UM.
El plan consistió en transferir fondos de Inestur a una cuenta de Banif donde, en perjuicio de la administración, se devengarían intereses en beneficio de UM y de Buils.
En abril de 2008 Buils y Llompart abrieron la cuenta en Banif y transfirieron 1,2 millones de fondos de Inestur a ella, a pesar de no contar con la autorización pertinente.
De hecho, esa autorización fue denegada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Govern, porque la entidad bancaria no está incluida en el contrato marco de tesorería de la administración autonómica pero para entonces ya habían abierto la cuenta.
En diciembre de 2008, la entidad financiera clausuró la cuenta al percatarse de que los imputados buscaban un beneficio privado y no actuaban en interés de la administración.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Govern ha calculado que los intereses que dejó de percibir la administración por ese depósito de 1,2 millones habrían alcanzado los 30.871 euros.
Según Anticorrupción, el contrato de cuenta corriente de Banif suponía un interés nulo y un considerable beneficio para dicha entidad, a la vez que posibilitaba el uso clandestino de los fondos públicos por parte de los acusados.
Antes del acuerdo de conformidad, la Fiscalía pedía 4 años y 4 meses de prisión para Buils, 1 años para Llompart y 3 para Otero.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
4 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Fa oi!!!Si açò es justícia ,jo som DEU o vint...
Nada.una merde empaquetada .esto lo que en Law and Order llamam the bottom line.
Yo pasteleo, tu pasteleas, el pastelea ... todos pasteleamos
jajajaja son del Pacte anterior !!