En su resolución, el juez señala que los empleados desconocían la vinculación con UM de las mercantiles que les pagaban, y subraya asimismo que ninguno de ellos percibió fondos públicos. En concreto, se trata de Margarita Belman, Santiago Sánchez, Petra Verdú, Aurora Fernández y Maria de Lluc Coll, quienes fueron interrogados en su día en calidad de encausados en el marco del conocido como caso Maquillaje.
El magistrado recoge así los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción en un reciente informe, en el que el Ministerio Público considera no acreditado que los exmilitantes 'uemitas' conocieran el nexo de las empresas con el partido, que se disolvió en febrero de 2011 acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.
El juez Juan Ignacio Lope Sola incó en abril de 2010 estas investigaciones, centradas en un presunto entramado por el que fueron puestos a sueldo en distintas empresas y organismos trabajadores y agentes electorales de UM a pesar de que, según las pesquisas, se trataba de contrataciones ficticias puesto que no realizaban labor alguna en estas sociedades. Una quincena de empleados fueron imputados por estos hechos.
Una de las trabajadoras para las que ha sido sobreseída la causa, quien trabajó en la empresa Ambbit Digital -vinculada a UM- así como en diversos organismos públicos, apuntó en su día a la exnúmero dos del partido en Palma, Cristina Cerdó, como la persona que medió para su contratación en varias de estas empresas, pese a que en realidad no realizó trabajo alguno en ellas sino que únicamente trabajaba para el partido.
De hecho, recordó cómo Cerdó la llamó para que fuera al Consell, ya que desde UM iban a hacer campaña para las elecciones de 2007 y la iban a contratar. Sin embargo, cuando firmó el contrato, constató que no ponía UM sino el nombre de una empresa, a lo que Eugenia Cañellas, secretaria del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, le dijo que «eso no importaba, que estaría contratada ahí pero que trabajaría para el partido».
«Mi trabajo consistía en hacer biblias por la calle», explicó la encausada, puntualizando que iba por las calles puerta por puerta «haciendo encuestas sobre lo que opinaba la gente de UM».
Otra de las empleadas, afiliada a la formación 'uemita' entre 2005 y 2009, explicó que la contrataron para Ambbit pese a que nunca realizó función alguna para esta empresa, mientras seguía acudiendo a la Institución supramunicipal. «Me extrañó que la nómina era de una empresa privada pero me dijeron que era una situación provisional», llegó a señalar.
Otro de ellos confesó ante el juez que en torno a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 le ofrecieron colaborar con el partido para captar votantes en distintos eventos, mientras de forma paralela cobraba tanto de Ambbit como de Vídeo U -también vinculada a UM-, pese a que nunca acudió a la sede de las mismas.
«Me dijeron que eran empresas de UM aunque no vi que fuese una cosa rara», manifestó el trabajador, quien apuntó además que este trabajo coincidió con las elecciones y que estuvo en nómina de Vídeo U y Ambbit Digital durante seis meses, cobrando 300 euros mensuales.
El inculpado explicó finalmente que los trabajos reales que llevó a cabo los efectuó para UM, colaborando en la posible captación de votantes mediante eventos organizados en distintos lugares, y detalló que en cada acto aportaba de 10 a 30 asistentes, «a veces mucha más gente» e incluso «invitaba al entorno de mi vecindario para asistir».
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