El exdirector general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester, en el banquillo de los acusados al inicio del juicio del denominado Caso Nóos. | Efe

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El director general de Deportes del Govern en la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), José Luis 'Pepote' Ballester, medallista olímpico de vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, el arquitecto Jaime Navarro y el constructor Antonio Matas se sentarán en el banquillo el jueves de la próxima semana acusados de delitos de prevaricación y fraude a la Administración, por los que se enfrentan a penas de multa tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía balear.

En concreto, los hechos se enmarcan en la pieza 7 del caso Palma Arena, centrada en la adjudicación presuntamente irregular, sin concurso, de diversas obras del Polideportivo Príncipes de España, en Palma, que fueron presupuestadas en 80.185 euros si bien finalmente acabaron costando 160.139 euros.

Los tres procesados alcanzaron un pacto con las acusaciones por el que, en el caso de Ballester, la petición de seis meses de cárcel que conllevaría el delito de fraude será sustituida por una multa de 9.125 euros al haber colaborado de forma activa con las investigaciones, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. Por su parte, Navarro y Matas se enfrentan al pago de 2.700 euros de multa.

De forma paralela, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad con 7.814 euros correspondientes al 6 por ciento del beneficio industrial que obtuvieron con la contratación.

La contratación objeto de juicio recayó 'a dedo', en el año 2006, en la empresa Obres i Reformes Illes Balears, de la que Matas y Navarro eran administradores, y que ese mismo año se estaba encargando de la construcción del chalet que Ballester posee en Sa Ràpita.

El exalto cargo aprovechó esta circunstancia para ofrecer a ambos administradores la adjudicación directa y sin expediente de licitación alguno -pese a que su importe así lo requería- de la construcción de un almacén en el Príncipes de España.

Para ello, Ballester se puso en contacto con Navarro y, prescindiendo deliberadamente de la apertura del correspondiente e imperativo procedimiento administrativo, le encargó verbalmente la realización de un presupuesto para la construcción del almacén, que ascendió a 80.185 euros.

Tras recibir el presupuesto, Ballester, sin expediente administrativo que amparase tal decisión, «omitiendo consciente y deliberadamente» las exigencias previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública y con el objetivo de beneficiar a Navarro y a Matas, según el fiscal, les encomendó verbalmente la ejecución de las obras a través de la empresa que dirigían y gestionaban. Unos trabajos que se iniciaron de forma inmediata.

Poco después, Ballester decidió reconvertir el almacén en unos vestuarios, lo que fue encargado de nuevo a los administradores de Obres i Reformes. Las obras fueron llevadas a cabo sin presupuesto previo alguno y supuso un aumento notorio del importe de los trabajos, al alcanzar los 160.139 euros.

«Plenamente conscientes»

La Fiscalía recalca que Navarro y Matas eran «plenamente conscientes» de la inexistencia de expediente administrativo de contratación y de la exigencia, como obra mayor, de un concurso público para garantizar la concurrencia. Por su parte, Ballester omitió «deliberadamente» estos trámites.

Según el Ministerio Público, los pactos verbales suscritos son fruto «de decisiones arbitrarias adoptadas mediante el ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad al margen de cualquier consideración relativa a la necesidad de concurrencia, igualdad y transparencia».

Cabe recordar que Ballester fue uno de los primeros cinco detenidos del caso Palma Arena, cuya operación policial estalló en agosto de 2009. Junto a él también fue arrestado el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán.

Colaborador

El exregatista también se encuentra imputado en otras piezas del caso Palma Arena y es además uno de los 18 acusados que se sientan en el banquillo por el caso Nóos, bajo una petición de cárcel de dos años por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco del caso Nóos, señaló que Matas pactó con Iñaki Urdangarin las negociaciones en torno a los foros de turismo y deporte por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos del Govern.

Es más, en una de las declaraciones que prestó Ballester afirmó que Matas le dijo: «Déjalo estar y paga», cuando el Duque comenzó a reclamar las cantidades que consideraba que se le adeudaban por el segundo Illes Balears Forum.