Los familiares y amigos de Juanjo Marí Cabrales, el preso ibicenco que cumple condena en el penal La Joya de Panamá, han denunciado que seis meses después de emitirse la sentencia que permitía iniciar los trámites de repatriación, «no se ha hecho prácticamente nada y el expediente de Juan José sigue estancado en la oficina del director de Servicios Penitenciarios de Panamá» | Redacción Local

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Los familiares y amigos de Juanjo Marí Cabrales, el preso ibicenco que cumple condena en el penal La Joya de Panamá, han denunciado que seis meses después de emitirse la sentencia que permitía iniciar los trámites de repatriación, «no se ha hecho prácticamente nada y el expediente de Juan José sigue estancado en la oficina del director de Servicios Penitenciarios de Panamá», ha denunciado a Europa Press la portavoz, Mónica Carrizo.

Asimismo, ha criticado que en la oficina consular española «ignoran por completo en qué instancias está el trámite, cuando es su competencia absoluta realizar el seguimiento ante la Justicia panameña», ha asegurado.

Los familiares y amigos del ibicenco han recordado que en abril se inició una campaña para lograr que Marí sea repatriado y pueda ser operado en España de un delicado problema de salud.

También han destacado que, gracias a los apoyos conseguidos, el pasado agosto se dictó la esperada sentencia que acumulaba dos años de retraso. «A raíz de eso se tomó la decisión de que la operación, tantas veces postergada, se practicara en Madrid y ahora han pasado seis meses y no se ha hecho prácticamente nada», han reiterado.

La portavoz ha explicado que el ibicenco se ha sumado a una nueva huelga de hambre, puesto que las autoridades carcelarias quieren trasladar a los extranjeros a otro pabellón «en peores condiciones de hacinamiento y donde el enfrentamiento entre bandas colombianas y venezolanas hacen casi imposible la supervivencia», ha dicho Carrizo, quien ha recordado que el ibicenco cumple condena en condiciones infrahumanas, «en una nave repleta de ratas, sin agua potable y con tres letrinas para 600 personas».

Los amigos y familiares del ibicenco han remitido varios escritos a las Defensoras del Pueblo de Panamá y de España y no descartan denunciar a las autoridades consulares ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. También han recordado que siguen recogiendo firmas en la plataforma Change.org para lograr que el ibicenco sea repatriado y acabe de cumplir su condena en España.

Según han avanzado, no descartan, incluso, viajar al país panameño «para encargarnos personalmente de las gestiones, aunque para ello necesitaremos colaboración económica».

El pasado verano, instituciones como el Consell de Ibiza aprobaron en pleno, por unanimidad, una declaración institucional para reclamar la repatriación inmediata de este vecino de Sant Antoni, quien deberá cumplir dos años más de cárcel tras la revisión de su condena.