Esta moratoria se ha introducido como enmienda en la ley de evaluación ambiental que se prevé aprobar este jueves en un pleno extraordinario y sobre la que se ha conseguido un amplio consenso en la mayoría de los puntos, según han dicho en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, y el diputado Damià Borràs.
Según Borrás, son los ayuntamientos «los que sufren realmente estos problemas», ya que son los encargados de otorgar las licencias, «una vez se solucione el dilema del alcantarillado en las urbanizaciones y viviendas afectadas, que son muchas».
Borràs ha explicado que se establece un calendario para la implantación de la red de «clavegueram» a los ayuntamientos a cambio de que pueda dar licencias de edificación, con lo que, en su opinión, se soluciona el problema. «No es un barra libre sino condicionada», ha añadido.
Ha dicho también que esto impulsará la actividad comercial de los ayuntamientos a través de la construcción, mientras que no «dar una solución» supondría continuar «muchos años» con la misma problemática.
Por su parte el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, se ha mostrado contrario este miércoles a esta moratoria. «No queremos agravar el problema existente de urbanizaciones sin 'clavegueram' porque ponemos en riesgo el medio ambiente», ha apuntado.
Podemos votará en contra de esta moratoria, pero se prevé que dé el visto bueno al resto de apartados de ley de evaluación ambiental.
Además, según los socialistas esta normativa «ordena y regula» de forma más eficiente los procedimientos ambientales.
«Es una ley que añade transparencia, con medidas como la apertura al público de las comisiones de medio ambiente, o la mejora en la disponibilidad de documentos públicos», ha dicho Borràs.
El diputado del PSIB ha apuntado también el endurecimiento de las sanciones que prevé la ley, ya que «quien contamina paga», ha especificado.
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