David Abril. | Joan Torres

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Verano es tiempo de agilidad mental. Se trabajan mucho las ideas, se mira a largo plazo, lo urgente deja de ser lo importante, el día a día ya no se come las iniciativas...En la cúpula de MÉS hay preocupación por diferentes servicios públicos que en realidad están en manos de empresas privadas «en una externalización que acaba por salir muy cara a las arcas públicas y a la ciudadanía. Uno de los dirigentes más preocupados por esta cuestión es David Abril, portavoz del Grup Parlamentari de MÉS. El debate está servido dentro de la coalición, al menos entre sus dirigentes. Y a corto plazo.

Uno de los puntos que más llama la atención es la la gestión de los tributos, «que está en manos de una empresa privada desde hace bastantes años. ¿Es que el Govern no tiene suficientes técnicos y funcionarios para asumir directamente esta gestión?». señalan fuentes de MÉS, que a su vez recuerdan: «En Catalunya la gestión de los tributos por una agencia pública se ha convertido en una batalla política de primer orden de cara a conseguir el máximo posible de competencia tributaria. Aquí lo dejamos en manos de una firma privada».

Otro aspecto a debatir, «éste mucho más complejo, difícil y a mucho más largo plazo», es el del macrohospital de Son Espases, también en manos de una gestión privada hasta dentro de un cuarto de siglo. Son Espases, que le ha costado a los ciudadanos de Balears más de 600 millones de euros más el canon anual que se paga la concesionaria, que tiene sus raíces en Madrid, es un centro sanitario moderno y modélico en toda Europa, que contrasta con el desfile tercermundista de los ciudadanos que dejan su coche aparcado a un kilómetro en la zona del Secar de la Real y luego se dirigen a pie por un carril bici hacia el centro sanitario para no tener que pagar el aparcamiento privado. Se trata de familiares de enfermos o de personas que necesitan atención médica.

La recuperación pública parece «utópica» en el caso de Son Espases, pero en MÉS David Abril es uno de los que piensan afrontarlo, al menos a nivel de debate interno.

Son Sant Joan, propiedad de Aena y dependiente del Estado central, también preocupa. El Govern no tiene ninguna competencia sobre unas instalaciones que mueven más de veinte millones de viajeros al año y que en los fines de semana punta de este verano superará los mil aterrizajes o despegues en un solo día. La Gran Puerta está absolutamente fuera de control del autogovern, todas sus competencias, desde turísticas a infraestructuras. «En la actualidad Son Sant Joan es un vedado de Madrid». La enorme comercialización de su terminal, «con los pasajeros teniendo que pasar forzosamente por donde se vende tabaco y alcohol, incluidos los niños», llama la atención de Més, que analizará hasta qué punto el Govern puede alcanzar algún tipo de competencia.

El hecho de que Balears aporte mucho más dinero al Estado central de lo luego recibe y que sea la comunidad periférica con peor balanza fiscal, «tiene mucho que ver en este debate que tenemos que hacer sobre Son Sant Joan», señala Abril, «ya que el dinero que se genera en el aeropuerto se va para otro lado. Aquí hay superávit, pero los recursos se marchan, mientras que las nuevas infraestructuras del Adolfo Suárez-Barajas no está tan claro que sean tan rentables pese a la modernidad de los bien dotados servicios que ofrecen».

El rescate de la concesión del túnel de Sóller es otro de los objetivos que se están analizando, aunque desde la consciencia de que el autogobierno está endeudado, carece de recursos para acometer invasiones importantes «y soporta una financiación injusta y discriminatoria respecto a otras comunidades mucho menos productivas». Puede venir mucho debate público en el próximo curso político sobre alguno de estos objetivos.