El abogado de Rodríguez ha presentado un recurso ante la Audiencia de Palma contra las medidas cautelares que ordenó el juez de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que le prohibió el pasado 26 de agosto acercarse a menos de 300 metros de la Policía Local y de dependencias municipales de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el escrito de alegaciones, la defensa de Rodríguez considera que no se han respetado la presunción de inocencia ni la tutela judicial efectiva del expresidente del PP, exdelegado del Gobierno y exconseller de Interior.
Las medidas cautelares adoptadas después de la comparecencia del político popular ante el juez «menoscaban sin fundamento alguno ni de hecho ni de derecho» su libertad personal y su presunción de inocencia, afirma el letrado.
El abogado cree que el auto en el que se ordena el alejamiento constata «absoluta falta de imparcialidad» en la instrucción, cuando el juez afirma que las medidas se adoptan «al margen de si los hechos denunciados han tenido o no lugar en la realidad» y porque Rodríguez goza de «notable ascendencia sobre los funcionarios del Ayuntamiento de Palma».
El defensor asegura en su escrito ante la Audiencia que Rodríguez fue citado a declarar como investigado «a fin de dictar un auto de alejamiento de determinados lugares y personas», sin que se haya podido constatar su participación en ningún hecho delictivo, y exige el máximo respeto a su presunción de inocencia.
Insiste en que, de la declaración prestada por Rodríguez el pasado 26 de agosto, es «imposible deducir que se constate que exista riesgo alguno para víctima o testigo que justifique el establecimiento de medida cautelar alguna, especialmente cualquiera que limite la libertad personal de un presunto inocente».
Según el letrado, nadie ha manifestado que Rodríguez haya podido influir, presionar o coaccionar a nadie y sin denuncia de coacción no hay necesidad de imponer un alejamiento que «limita innecesariamente la libertad deambulatoria» de Rodríguez.
Insiste en las alegaciones en que no hay indicios racionales de la comisión de ningún delito concreto por parte de Rodríguez y pide que se revoquen las medidas cautelares por falta de motivación y de congruencia jurídica, por resultar lesivas de sus derechos constitucionales y por suponer su «instrumentalización mediática».
Rodríguez, que dimitió el 4 de julio de sus cargos en el partido, declaró ante el juez durante dos horas como investigado y negó toda implicación con la supuesta trama corrupta. También negó que sea cierto lo que dijo un testigo de que él influía en la concesión de licencias y permisos de actividad en Palma.
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