«Estamos convencidos de que debemos llevar adelante una ley de Vivienda que debe servir y dar respuesta real a los problemas que hay y así es como la hemos planteado», ha afirmado Pons en declaraciones a los medios.
Ha admitido que espera que la normativa «genere opiniones y controversia y habrá que resolverlo». «Pero no será motivo para que paremos, seguiremos dando pasos adelante», se ha comprometido después de que el anteproyecto haya comenzado ya a ser objeto de alegaciones.
Pons se ha comprometido a analizarlas, dar respuesta a todas e incorporar las que sean convenientes.
Según el conseller, con esta ley el Govern «da un paso adelante y entiende un problema al que se le tiene que dar respuesta», al establecer que los «grandes tenedores» que tengan más de diez pisos en propiedad que hayan estado vacíos y sin uso durante más de 2 años tendrán obligación de inscribirlas en un registro y deberán ceder temporalmente su uso al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que las destinará a alquiler social.
Sobre los recursos de inconstitucionalidad contra otras leyes autonómicas de vivienda, Pons ha señalado que, por ejemplo, en el caso del País Vasco la norma «va por la vía de la expropiación y en otros términos».
Pons ha detallado que el Govern ha llevado a cabo «todo un trabajo previo de análisis» de las diferentes leyes existentes en materia de vivienda y los recursos de inconstitucionalidad que se han ido poniendo a las normativas elaboradas en el País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias, para «ver los argumentos del Estado español y para encontrar el camino que permita hacer políticas de vivienda».
El conseller ha señalado que también se hizo una consulta al Gobierno central y se expuso a sus responsables la idea de que «la problemática es demasiado grande en Baleares como para que de esto haya una discusión competencial».
«Sean capaces de entender que tenemos que dar pasos adelante, ayúdennos y no busquen la vía del conflicto», ha expresado Pons que fue la petición al Gobierno. «Esperemos que así lo hagan y en cualquier caso ejerceremos nuestras competencias, observando qué es lo que hacen otras comunidades autónomas con una problemática muy similar», ha añadido.
Pons ha recordado que ha pedido ya en dos ocasiones al ministro de Fomento, íñigo de la Serna, que el Gobierno central reconozca la capacidad competencial de las comunidades autónomas en política de vivienda y evite «ir por la vida judicial» en contra de «cualquier iniciativa para hacer posible el acceso a la vivienda de las personas que más necesidades tienen».
«No es un camino acertado», ha dicho Pons, tal como manifestó ayer en una reunión mantenida con el ministro en Palma y como ya había expresado en la última reunión sectorial de vivienda entre los representantes del Gobierno central y las comunidades.
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