La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así el recurso interpuesto en este sentido por la mercantil Pamasa, que en junio de 2004 rubricó con la Institución insular el contrato para la ejecución de la que sería una de las principales infraestructuras impulsadas bajo la presidencia de Maria Antònia Munar y que, según la Fiscalía, habría supuesto un presunto perjuicio de hasta 41,9 millones de euros públicos.
En su impugnación, Pamasa apuntaba a que la aprobación, en 2014, de obras posteriores en la carretera -nuevos accesos a Son Ferriol y a Son Llàtzer y el proyecto de la Vía Conectora en su segundo tramo- suponían una modificación material y funcional de la concesión que, además, afectan al tráfico de la C-715.
Frente a ello, el Consell alega que se trata de un contrato de obra independiente debidamente aprobado y, de hecho, la sentencia dictada en primera instancia al respecto y ahora confirmada por el TSJIB asevera que «no se puede hablar de una modificación contractual» como tampoco de «una invasión u ocupación de la carretera», sin que quepa además ordenar la suspensión de las obras en cuestión, como solicitaba Pamasa, puesto que «gozan de ejecutividad y presunción de validez y eficacia».
La resolución ya firme asevera que la ejecución de la Vía Conectora fue adjudicada de forma legal y recalca que ha quedado «suficientemente acreditado» que Pamasa estuvo «perfectamente informada del proyecto en primer lugar, y de los planes de obra de modo más detallado», a raíz de su participación en el comité de seguimiento y control que se constituyó en 2014.
El TSJIB incide, por su parte, que en ningún momento el Consell incurrió en supuestos de nulidad o de infracciones jurídicas con la concesión de las obras para los nuevos accesos, que recayó en manos de la UTE Vía Conectora Tramo II, codemandada en este proceso.
Investigación Caso Peaje
Cabe recordar que, en relación con las obras de la carretera Palma-Manacor, están pendientes de sentarse en el banquillo trece acusados en el marco del conocido como caso Peaje, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca Antoni Pascual y otros exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM), como consecuencia del supuesto perjuicio de 41,9 millones de euros durante la ejecución del desdoblamiento.
La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 154 años de cárcel y 730.000 euros en multas para los encausados.
Impulsado a principios de 2009, se trata de uno de los principales casos que afectan a la extinta formación regionalista cuando ésta estaba al frente del Consell, con Munar como presidenta. Sobre los inculpados, quienes serán juzgados por un jurado popular, pesan delitos continuados de malversación, cohecho pasivo y activo, fraude a la administración y falsedad documental.
El Ministerio Público solicita además que Pamasa así como la UTE con la que ésta subcontrató los trabajos de construcción, conservación y explotación de la carretera, hagan frente al pago de los 42 millones supuestamente desviados. Del mismo modo, reclama el decomiso de un millón de euros que, en total, varios de los procesados habrían cobrado en forma de soborno.
La Fiscalía postula cómo, después de que el Consell contratase a Pamasa para llevar a cabo los trabajos de desdoblamiento -habiendo sido constituida un mes antes-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Es más, la acusación pública sostiene que los encausados se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.
699.000 euros para un chalet que disfrazaron de templo chino
Entre los gastos cargados al Consell se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.
Frente a todo ello, los abogados de los procesados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, niegan que se produjese un desvío de fondos públicos a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
En concreto, la UTE Desdoblamiento C-715 estaba integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.