Terraferida lamenta que la ley turística no pone techo a las plazas

Así lo ha indicado la entidad con motivo de las alegaciones que ha presentado al anteproyecto de Ley del Turismo que impulsa el Govern en las que tanto el techo de plazas, como el alquiler masivo de viviendas a turistas, son los dos aspectos más destacados.

Terraferida ha opinado que hace semanas que la Conselleria de Turismo «vende el mensaje de que, a partir de ahora, habrá un techo real de plazas turísticas», si bien cree que el texto desmiente esto porque «la propuesta determina que el techo máximo de plazas por isla son las legalmente existentes más las integradas en las bolsas gestionadas por los organismos gestores de plazas públicas o administraciones turísticas insulares».

De esta manera, explican, se deja abierto y a decisión de los Consells Insulars ampliar este techo a través de los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos y ya prevé que será superior al actual.

La propuesta de ley, según añade Terraferida, tampoco concreta de qué número de plazas se parte, qué número de plazas legales hay actualmente, cuantas hay en las bolsas de intercambio o cuantas plazas ilegales se estima que puede haber.

La entidad considera que el hecho de no marcar un techo claro y dejar la puerta abierta a seguir aumentando plazas, «es apostar por una política turística de masificación, que obvia los límites de los recursos naturales, las infraestructuras, la capacidad de carga real del territorio, el bienestar de la población residente o la satisfacción de los visitantes».

«Con 306 plazas hoteleras por cada 1.000 habitantes somos la primera comunidad del mundo en plazas hoteleras por habitante, sin contar las plazas en viviendas turísticas, ni la oferta ilegal. La propuesta de nuestra entidad es fijar un techo claro, no ampliable y que establezca mecanismos para ir reduciéndolo, recuperando la idea de dar dos plazas de baja por cada nueva plaza creada».

Según manifiesta Terraferida, es difícil de comprender cómo un gobierno progresista ha podido incluir dentro de una ley, «artículos que añaden más presión en el territorio y que, a la vez, son antisociales».

«Los últimos años hemos visto amnistiar plazas hoteleras, chalets ilegales en suelo rústico, urbanizaciones, canteras, construcción sin alcantarillado... y ahora se quiere legalizar la conversión de viviendas en pisos turísticos. La nueva ley no puede ser una amnistía más», ha declarado.

Terraferida concluye advirtiendo de algunas consecuencias del alquiler turístico como el hecho de que «dispara» la urbanización del territorio, dificulta la incorporación y la continuación de agricultores, complica el acceso a la vivienda por la subida de los alquileres o que devalúa zonas residenciales.

La entidad incide en que es básico no permitir la mezcla de usos turísticos en zonas residenciales, especialmente en bloques de pisos y, por ello, pide al Govern que no permita comercializar turísticamente las viviendas plurifamiliares.

Además, reclama que no se pueda renovar la licencia para ejercer el alquiler turístico en las viviendas ilegales existentes en suelo rústico, que se prohíba en suelo rústico las nuevas licencias de viviendas vacacionales, y una moratoria de plazas turísticas durante estos meses de tramitación de la ley para evitar que muchos de los nuevos proyectos eviten tener que adquirir plazas en la bolsa existente.