El juez de lo Mercantil número 1 de Palma, Víctor Fernández, ha declarado visto para sentencia el juicio de la demanda de reintegración de la administración concursal de Orizonia contra varias sociedades de Globalia por la venta de hoteles Luabay en 2012, que considera perjudicial para el conglomerado que quebró.
La administración concursal reclama a las sociedades diversas cantidades adicionales a los 8,5 millones que pagaron por la compra de los hoteles formalizada en diciembre de 2012 porque considera que el acuerdo de compraventa resultó perjudicial para los acreedores ya que el precio fue menor al valor de los 11 establecimientos implicados.
Solicita que sean condenadas a abonar 12,8 millones adicionales como petición principal o, de manera subsidiaria, que se declare la reintegración de toda la operación por «mala fe», lo que supondría la devolución del precio pagado a Globalia y de los hoteles a Orizonia.
Ha asegurado que cuando se produjo la venta, en diciembre de 2012, Orizonia estaba en situación de «asfixia financiera» por necesidades inmediatas de tesorería, algo que afectó a su capacidad de negociación. Ha indicado que el comprador se sirvió de ello, por lo que considera que realizó la compra con «mala fe».
Según ha asegurado el letrado de la administración concursal en sus conclusiones, el juicio ha acreditado que se causó un perjuicio injustificado a Orizonia con la compraventa porque las sociedades del grupo que gestionaban los hoteles eran solventes y capaces de resolver sus deudas.
El letrado de la administración concursal ha defendido un informe pericial que valoró Luabay en 28 millones de euros y ha destacado que dos años después de la venta, solo uno de los 11 establecimientos, el Hotel Esmeralda se valoró en 8 millones en otra operación.
La administración concursal considera que el perjuicio causado a Orizonia asciende a 12,8 millones, que incluyen una deuda 6,7 millones y un crédito de ampliación de capital por 6,1 millones de las sociedades a las que adquirieron los hoteles Luabay.
Por su parte, los abogados de las sociedades demandadas han pedido que se desestime la demanda y alegan que la operación fue correcta y resultó beneficiosa para Orizonia, ya que cuando se produjo ésta se encontraba en una situación financiera que no le permitía hacer frente ni al pago de las nóminas y la compraventa hizo posible que siguiera operando.
En defensa de una parte de las sociedades demandadas, el abogado Raimundo Zaforteza ha negado que existieran ni el crédito de 6,1 millones ni la deuda de 6,7 alegadas por la administración concursal y ha asegurado que, según varios testigos, la situación de Orizonia era de absoluta falta de recursos cuando se formalizó la compraventa de los hoteles.
Ha afirmado que la operación supuso un desembolso total de 19,6 millones, de los que 12,2 fueron el precio de compra, otros 5,5 millones que se asumieron de un crédito con Mundosenior y 2 millones adicionales del aval con Renfe para que Orizonia pudiera seguir emitiendo billetes.
El letrado de las otras sociedades demandadas, José María García, ha asegurado que el saldo de la operación fue favorable para los acreedores y ha cifrado lo desembolsado en 14,4 millones, ya que ha coincidido en que el precio fue de 12,2 millones, a lo que se añade el pago a Renfe y de la trasmisión por 108.000 euros.
Ha asegurado que Luabay no tenía activos inmateriales porque no era una marca consolidada y que su patrimonio neto era de 3,6 millones de euros, y ha justificado que se pagaran 14,4 millones por algo que valía unos 3,6 por las expectativas de negocio que generaba la operación.
En la última sesión del juicio ha declarado como testigo el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, quien ha dicho que cuestionó esa operación desde un principio y ha señalado que resultó un negocio «malísimo».
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