El exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, abandona su casa en un coche policial tras haber sido detenido por la Guardia Civil. | ANDREU DALMAU

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El exconcejal del Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, uno de los 18 detenidos por la Guardia Civil durante la ‘operación Pika' vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, fue el adjudicatario del estudio encargado por el Govern balear para implantar la ecotasa y por el que percibió de las arcas públicas de Balears la cantidad de 16.900 euros.

La actividad del exregidor de Barcelona en la etapa de Xavier Trias (CiU) no estado exenta de polémica. Tras ser desalojado Trias de la Alcaldía de la Ciudad Condal, la nueva primera edil, Ada Colau, puso en manos de la Fiscalía las contrataciones realizadas por la agencia BCN Regional, de la que era responsable Antoni Vives.

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La ascensión de Podemos al poder municipal supuso el acceso al control de esta agencia y ordenó una auditoria de sus cuentas, que reveló gastos que eran difícilmente justificables. La presión judicial sobre este y otros asuntos en los que el nombre Antoni Vives aparecía, propiciaron que el regidor presentara a la alcaldesa Ada Colau la renuncia de su acta el 7 de septiembre de 2015.

Tres días antes de su renuncia Vives constituyó la sociedad City Transformation Agency SL, que en junio de 2016 recibió el encargo del Govern de justificar la implantación de un impuesto turístico.