Desde Cort, contestan así a la información de la Unión General de Trabajadores (UGT) respecto a la sanción de Inspección de Trabajo a la empresa Servisar Servicios Sociales, por negarse a entregar una copia de los contratos laborales a los delegados sindicales.
Sobre esto el Ajuntament de Palma hace constar que a través de la Regidoria ha mediado «siempre entre la empresa y sus trabajadores, cuando ha sido informado de sus divergencias».
En relación a la información relativa a la falta de un auxiliar administrativo, la regidoria asegura que dio por bueno el sistema implementado por la adjudicataria de una auxiliar en puerta y otra auxiliar en los servicios centrales desarrollando tareas de gestión de documentación, control de facturación y demandas de materiales y otros.
El Ajuntament reitera que en «ningún momento» el problema administrativo ha afectado al servicio, que se continúa prestando con total normalidad, con garantías y sin incidencias.
Según señalan, la sentencia mencionada por UGT «se circunscribe a conflictos laborales internos de la empresa con sus trabajadores, en ningún caso hace mención de las responsabilidades municipales».
Así, explican que el Àrea de Benestar i Drets Socials se enteró la semana pasada de la baja del auxiliar administrativo y desde un primer momento instó la empresa que normalizase inmediatamente esta situación.
También se le recordaron sus obligaciones con el servicio y que nada puede afectar negativamente su buen funcionamiento y la calidad de las prestaciones que reciben sus usuarios.
El Àrea de Benestar de l'Ajuntament dedica un presupuesto de cinco millones de euros, con 450.000 euros anuales a un servicio que cuenta, además del equipo directivo y administrativo, con 14 trabajadores sociales y cerca de 170 trabajadores familiares.
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