El Congreso de los Diputados ha comunicado de forma oficial al Parlament la disconformidad del Gobierno a la tramitación de la iniciativa balear sobre la modificación del REB para impulsar la tarifa plana interislas, adjuntando un informe en el que el Ministerio de Fomento argumenta el posible impacto sobre el empleo y la demanda de pasajeros, además del aumento del gasto presupuestario, para rechazar la Proposición de Ley.
En un documento anexo al escrito registrado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el Parlament, el Ministerio señala que la propuesta supone la «modificación en profundidad» tanto del actual régimen de bonificaciones al transporte aéreo de residentes como del régimen que establece el funcionamiento de las rutas interinsulares baleares como obligaciones de servicio público (OSP).
Además, advierte que la medida propuesta «implicaría necesariamente el cierre del mercado del tráfico aéreo regular a una única compañía, con todas las limitaciones que ello supondría, seleccionada mediante licitación pública y a la que se compensaría por el déficit de operación, conforme a la normativa europea».
Asimismo, el Ministerio considera que el mercado de transporte aéreo interbalear «ya es altamente competitivo» puesto que «actualmente dos compañías aéreas ofrecen una amplia oferta de vuelos y tarifas, con un cumplimiento holgado de las condiciones OSP».
También, incide en que la operación en estas rutas «es comparable, en cuanto al número de operadoras y las tarifas aplicadas, a la existente en otras rutas de similar distancia y volumen dentro del mercado intracomunitario» y que «como consecuencia perjudicial añadida, la reducción del número de operadores aéreos afectaría negativamente al empleo de la región».
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha advertido que el impacto de la tarifa plana sobre la demanda «es incierto»: en este sentido, suponiendo un incremento en el número de pasajeros, «podría darse el efecto indeseado de una falta de disponibilidad de plazas en un gran número de días o de horas del día», por lo que la calidad del servicio prestado a los usuarios «se vería negativamente afectada».
Finalmente, hace alusión al efecto presupuestario para la Administración y calcula que el coste de la implantación de la tarifa supondría unos 30 o 40 millones de euros anuales, mientras que las subvenciones actuales suponen 17 millones de euros. También aduce que si se implanta esta medida en Baleares podrían producirse reclamaciones idénticas en el resto de mercados no peninsulares como Canarias y como consecuencia tener que quintuplicar el esfuerzo presupuestario.
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