El partido ha asegurado en un comunicado que el anteproyecto que está en fase de exposición pública no es una ley como tal, sino una modificación de la primera Ley del suelo de la comunidad aprobada la pasada legislatura.
La organización política critica que la norma limite el derecho de propiedad al incrementar los supuestos de expropiación forzosa, algo que consideran que generará inseguridad jurídica y aumentará las dificultades para que los municipios puedan desarrollar y aprobar sus planeamientos urbanísticos de la manera más rápida y beneficiosa para sus ciudadanos.
El PP ha defendido la Ley del Suelo aprobada en la pasada legislatura y ha recordado que fue aprobada con un amplio apoyo parlamentario, ya que el grupo socialista solo votó en contra de un 25 % del texto y MÉS se opuso a un 20 % de los 220 artículos y disposiciones del texto.
Aquella ley fue «un primer paso histórico para regular el suelo, sus diferentes usos, dar solución a problemas históricos como los falsos urbanos» y para endurecer las sanciones por indisciplina urbanística, según el partido de oposición.
La presidenta de la comisión de Urbanismo el PP balear, Virtudes Marí, ha pedido una reflexión «sobre la necesidad de tramitar una nueva ley del suelo, más allá de la necesidad política del Govern del Pacte de destruir todo lo que aprobó el PP, aunque la realidad es que asumen gran parte de su contenido».
Según Marí, «no ha dado tiempo a aplicar algunos aspectos de la anterior ley y ahora se quiere cambiar, lo que genera una gran inseguridad jurídica».
Según el PP, de los 234 artículos y disposiciones del anteproyecto ahora presentado, un 55 % reproduce la ley aprobada la pasada legislatura, un 7 % tienen cambios de redacción pero no de fondo, se modifica un 20 % del articulado siguiendo la misma estructura y sólo un 18 % de la norma es nuevo.
Marí considera que el anteproyecto elaborado por el Govern de izquierdas «no soluciona los problemas existentes y crea inseguridad jurídica».
Ha criticado que la norma aumenta la dificultad para tramitar el planeamiento por la complejidad de su redacción y la dificultad de su aprobación; además ignora y pone bajo vigilancia a los ayuntamientos y a los funcionarios; dificulta la reordenación del territorio urbano; impide a los ayuntamientos aprobar y desarrollar su planeamiento de la manera más rápida y no prevé herramientas para mejorar los municipios excepto la expropiación.
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