Así lo ha expresado la diputada de Cs, Olga Ballester, en una nota de prensa en la que advierte de que la norma propuesta «allana el camino para que se produzcan situaciones y conductas fraudulentas en la comercialización».
En este sentido, Ballester ha señalado que el proyecto de ley pretende regular cuestiones que «pueden entrar en conflicto normativo» con preceptos establecidos en las leyes de Arrendamientos Urbanos y en la ley de Propiedad Horizontal.
«El contenido del proyecto de ley impone requisitos de muy difícil cumplimiento que hacen prácticamente imposible esta actividad. Es un proyecto de ley cuyo objetivo no es regular sino prohibir», ha explicado la diputada, que ha afirmado que «también sustrae capacidad decisoria a las Administraciones Locales».
En cuanto a las enmiendas parciales al texto de la ley, Cs propone eliminar la zonificación como prohibición e introduce un concepto de «zonas preferentes que serán determinadas por los municipios».
También defiende la posibilidad de alquilar habitaciones, así como que los contadores individuales de agua no sean obligatorios, sino que sea la junta de propietarios la que decida sobre dicha obligatoriedad.
Otra propuesta es que las medidas de accesibilidad y la exigencia de una antigüedad de cinco años de la vivienda se cuenten como méritos a la hora de obtener una plaza y no como requisitos.
Ballester también ha planteado la posibilidad de que existan tres bolsas de plazas: de alojamiento turístico, de alquiler turístico en unifamiliares y una tercera de alquiler turístico en plurifamiliares.
11 comentarios
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No volem els fatxes de Ciudadanos. Aquí NO.
No al alquiler de habitaciones, para eso han estado siempre las pensiones, los hostales completamente al margen de las viviendas de trabajadores tanto en ruido como en gasto comunitario, que los gastos se reparten igual y los beneficios solo uno que no declara y molesta al prójimo
El comentario sobre la Cala de San Vicente en Pollensa es cierto no se que espera Turismo a mandar los inspectores ,la gran inmensa mayoria de las casas que se alquilan a turistas no tienen licencia de Turismo.
No vaig de Siudananos. Aquest govern no va, però siudadanos va contra els interessos de la nostra comunitat. Arruix.
Dejas los ke la aprueben no tardarán los tribunales en tirar abajo está fsntasmafas como ha ocurrido en otras comunidades autonomas
A ver: la realidad es que hoy está PROHIBIDO y que la gente se está saltando la ley. Querer interpretar esto como una amnistía es de locos. Lo que hay que hacer es atacar esta actividad ilegal. O es que el mismo argumento sirve para regularizar las drogas, el tráfico de armas, la trata de blancas, el maltrato...... y esta también es una realidad verdad? Vamos con ciudadanos no se enteran de nada seguro que les ha comido el coco Aptur o airbnb. Cuidadanos de que lado estais de los ciudadanos o de los especuladores? Se os ha visto el plumero...pero bien!!
Para que tenemos los servicios juridicos? Estos del pacte son tan ceporros que no pueden enviar los borradores de las leyes que pretenden sacar a los servicios juridicos (que saben algo mas que ellos)? Tenemos unos aprendices de políticos que no tienen idea de nada, ningunean a la gente preparada y van de autoritarios dictadores.
En Cala San Vicente Pollensa se alquilan casi todos los chalets y apartamentos sin la licencia d Turismo ,inspecciones ya,no hay derecho,unos pocos pagando licencia ,impuestos y todos los demas por la cara.
A modificar: Prohibir la cesión por habitaciones. Limitar el periodo de alojamiento. Exigir que la vivienda tenga un distintivo y asistencia telefónica las 24 horas. Inclusión de los precios en catálogos, guías, sistemas informáticos. Exagerar los requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos. Etc. Etc. ¿Y si nuestro Govern se leyera todas las sentencias que van tumbando todas las legislaciones sobre alquileres de apartamentos turísticos y obrará en consecuencia?
NOTICIA DE HOY. Primero Madrid, Canarias y Galicia. Ahora le toca el turno a Castilla y León. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) requiere al Gobierno autonómico la supresión o modificación de algunos artículos de la ley que regula los alojamientos turísticos. De no modificarse se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia.