Eva Frade convocó un concurso ‘oficioso’ para un cargo político y puede haber querella. | Redacción Local

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Podemos se ha metido en un charco por su obsesión hiperdemocratizadora. Hace unos meses se planteó cubrir el cargo político de director general de Participació Ciutadana de Cort organizando un concurso cuando no hacía falta, ya que se trata se un puesto de libre designación.

Fue la concejala podemita de este departamento, Eva Frade, la que impulsó una ‘convocatoria’ abierta para que todos los interesados presentasen currículum. Ahora, uno de los descartados, Joan Moyà Borràs, ha advertido a los servicios jurídicos de Podemos que prepara tres querellas contra la organización, comenzando por prevaricación y financiación ilegal.

Aina Díaz, responsable de los servicios jurídicos de Podemos, expresó este lunes su «estupefacción» por este anuncio de querellas. Díaz ya se ha entrevistado con Joan Moyà advirtiéndole de su «error» y de que «su acción judicial no irá a ningún lado, porque se trata de un puesto de libre designación y no de un concurso público».
Todo empezó hace unos meses cuando la concejala Frade consideró que para el puesto de director general se debía designar a la persona más capaz para el cargo.

A través de las redes sociales se hizo una convocatoria «a todos los ciudadanos». Se presentaron 270 aspirantes, adscritos y no adscritos a esta organización. Entre ellos estaba Joan Moyà Borràs, un joven de unos 25 años con experiencia en cooperación internacional y trabajos en el extranjero, no afiliado al partido. Moyà Borràs presentó su currículum. Podemos hizo una primera preselección. Quedaron 60 nombres, entre ellos Moyà. Se hizo una segunda criba, quedando once. Moyà Borràs sobrevivió. Estos once fueron presentados a Eva Frade, que eligió a otro y dejó fuera a Joan Moyà. Con la ley en la mano, Frade podía designar a quien quisiese.

Pero el asunto descrito se ha torcido. El aspirante rechazado ha hablado claramente de querellas con los servicios jurídicos de la formación Podemos. Ve «financiación ilegal» ya que los cargos de Podemos están obligados a entregar una parte de su sueldo al partido, y ve prevaricación porque se designó a una persona dispuesta a aceptar estas condiciones.